Democratizar las oportunidades, ampliar la participación de las Mipymes y reducir la discrecionalidad inevitablemente toca intereses. El director del INABIE parece haber decidido asumir ese costo.
Desde que Rafael Adolfo Pérez de León asumió la dirección ejecutiva del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), en agosto de 2025, había razones para pensar que su gestión no sería sencilla.
El INABIE no es una institución cualquiera. Maneja uno de los programas sociales de mayor dimensión del Estado dominicano. Cada día escolar distribuye más de cinco millones de raciones de alimentos y su Programa de Alimentación Escolar alcanza a más de dos millones de estudiantes, docentes y servidores del sistema educativo público. A esto se agregan uniformes, zapatos, mochilas, útiles escolares, servicios de salud estudiantil y otros insumos.
Donde existen contratos de semejante magnitud también existen enormes intereses económicos.
Por eso, cuando una administración anuncia transparencia, mayor competencia, reducción de la discrecionalidad y apertura de oportunidades, necesariamente toca intereses de quienes durante años han participado del negocio de suplir al Estado.
Y Adolfo Pérez comenzó enviando señales claras.
Apenas iniciada su gestión se reunió con suplidores y aseguró que su administración sería de puertas abiertas, rendición de cuentas y transparencia. Posteriormente, el INABIE abrió espacios para escuchar observaciones de proveedores sobre los pliegos de las licitaciones del almuerzo escolar, procurando igualdad de oportunidades entre los participantes.
Los números permiten medir la dimensión de esa apertura: el propio INABIE informó que más del 80 % de sus 3,188 suplidores pertenecían al sector de las micro, pequeñas y medianas empresas; más de 2,500 Mipymes vinculadas a los diferentes programas institucionales.
Hay otro dato particularmente significativo: en marzo de 2026, la institución informó que el 32.2 % de sus contratos vigentes correspondía a Mipymes lideradas por mujeres, equivalentes a 119 de 370 contratos. Durante 2025, más de cien empresas encabezadas por mujeres recibieron RD$1,358 millones por servicios relacionados con alimentación escolar, utilería, tecnología y otros programas.
Eso es democratizar también las oportunidades económicas.
Cuando se amplía la mesa, aparecen las resistencias
Nuestras Instituciones Públicas considera que ningún proveedor debe sentirse propietario permanente de una institución estatal.
Ser suplidor ayer no concede un derecho automático a ser suplidor mañana.
Los recursos públicos pertenecen a todos los dominicanos y, siempre que se cumplan rigurosamente las condiciones legales, financieras, sanitarias y técnicas establecidas, un pequeño empresario debe tener derecho a competir frente a quien lleva veinte años contratando con el Estado.
Precisamente por eso resulta interesante la controversia surgida alrededor de tres jóvenes proveedores vinculados a Azua, con edades entre 19 y 24 años, adjudicatarios de contratos que, conjuntamente, ascienden a RD$110,785,786.80 para suplir alimentación escolar en San Pedro de Macorís durante los períodos escolares 2026-2027 y 2027-2028.
Las preguntas periodísticas sobre su experiencia, capacidad financiera y capacidad operativa son legítimas y deben ser respondidas documentalmente. La transparencia exige eso.
Pero también debemos cuidarnos del extremo contrario: convertir la juventud o la condición de nuevo emprendedor en una prueba automática de incapacidad.
¿En qué momento decidimos que una persona de 19, 22 o 24 años no puede convertirse en empresario y competir por una contratación pública si satisface los requisitos establecidos?
El verdadero debate debe ser otro: ¿cumplió o no cumplió? ¿Tiene o no tiene la capacidad operativa exigida? ¿El procedimiento respetó las reglas? Eso se demuestra con expedientes, evaluaciones y documentos, no simplemente con la edad de los adjudicatarios.
Más controles, menos discrecionalidad
Hay otro elemento que merece reconocimiento.
En febrero de este año, la administración de Pérez introdujo un sistema digital para las evaluaciones técnicas de las cocinas participantes en las licitaciones del almuerzo escolar. El mecanismo fue diseñado para evaluar a 2,644 oferentes en 34 procesos, utilizando 94 peritos, fotografías, geolocalización y registros audiovisuales. Cada inspección es realizada por dos evaluadores y una cámara corporal registra parte del proceso.
¿El propósito declarado? Aumentar la trazabilidad y reducir la discrecionalidad.
Eso debe apoyarse.
Igualmente, en las compras complementarias de utilería escolar para 2026-2027 se incorporaron requisitos técnicos reforzados y mayores controles de trazabilidad, mientras la institución sostuvo encuentros con fabricantes textiles, productores de calzado y suplidores para fomentar una convocatoria abierta y competitiva.
Al mismo tiempo, la institución ha continuado cumpliendo su función social. Para el período 2026-2027 proyectó entregar kits escolares a aproximadamente 1.85 millones de estudiantes, y para julio ya había distribuido 678,925 kits, equivalentes al 38 % del programa previsto para ese momento.
Adolfo Pérez no debe ceder
Es perfectamente válido fiscalizar al director del INABIE. También es legítimo investigar cada contratación cuestionada. Nadie que administre recursos públicos puede pedir inmunidad frente al escrutinio.
Pero una cosa es fiscalización y otra muy distinta pretender que el INABIE continúe siendo territorio reservado para los mismos actores de siempre.
Por eso nuestra posición editorial es clara.
Adolfo Pérez no debe ceder ante ninguna presión que pretenda cerrar nuevamente las puertas que se están intentando abrir.
Si existe un error, que se corrija. Si algún adjudicatario incumple, que se aplique la ley. Si existe una irregularidad, que se investigue hasta las últimas consecuencias. Pero si un pequeño empresario, una mujer emprendedora o un joven cumple todos los requisitos establecidos, su falta de apellido empresarial, de décadas haciendo negocios con el Estado o de pertenencia a determinados círculos no puede convertirse en impedimento.
El INABIE necesita proveedores experimentados y responsables, pero también necesita competencia, renovación y oportunidades.
Sabíamos que democratizar una institución que moviliza miles de millones de pesos no sería una tarea silenciosa.
Cuando se amplía el círculo, quienes estaban acostumbrados a permanecer dentro pueden sentirse amenazados.
Por eso el desafío de Adolfo Pérez es doble: abrir las puertas y, simultáneamente, elevar todavía más los controles.
Transparencia absoluta. Expedientes disponibles. Trazabilidad. Fiscalización. Capacidad técnica comprobada. Igualdad para competir.
Esa es la mejor respuesta frente a cualquier cuestionamiento.
Desde Nuestras Instituciones Públicas respaldamos todo esfuerzo encaminado a construir un INABIE más transparente, competitivo, abierto y accesible para las Mipymes, las mujeres y una nueva generación de emprendedores dominicanos.
Adolfo Pérez recibió una institución de enorme importancia social y económica. Su responsabilidad es organizarla, fortalecerla y evitar que ningún grupo —viejo o nuevo— pueda considerarse dueño de ella.
El INABIE no pertenece a sus proveedores. No pertenece a ningún grupo económico. No pertenece a su director.
El INABIE pertenece al Estado dominicano y, sobre todo, debe estar al servicio de sus estudiantes.
