La deuda con la discapacidad en RD sigue abierta, pero CONADIS demuestra que sí se puede avanzar con hechos
En República Dominicana hablar de inclusión no puede seguir siendo un discurso bonito para actos oficiales. La inclusión se mide en rampas reales, en aulas que reciben a todos, en empleos dignos, en tecnología accesible y en trámites públicos que no humillen. Y lo primero es reconocer la magnitud del tema: según la Oficina Nacional de Estadística (ONE), en el país residen 478,300 personas de 5 años o más con discapacidad, equivalente a 4.8% de esa población.
La realidad, sin embargo, suele ser más dura que los porcentajes. En demasiados sectores todavía hay aceras imposibles, edificios sin acceso, transporte público poco amigable, señalización inexistente y servicios que no contemplan necesidades básicas. Muchas familias viven el “doble costo” de la discapacidad: el económico y el emocional. Y cuando la sociedad no adapta sus sistemas, lo que hace es empujar a estas personas al borde de la vida productiva, como si su ciudadanía fuera parcial.
Aquí hay una verdad incómoda: la inclusión se vuelve frágil cuando depende de la buena voluntad. Por eso es importante que el país tenga hoja de ruta, como el Plan Nacional de Discapacidad 2025–2035, presentado como una estrategia para garantizar derechos, accesibilidad y participación. Pero también es clave que esa hoja de ruta se convierta en acción diaria, medible y verificable.
En ese contexto, hay que decirlo con justicia: a pesar de todo lo que falta, la gestión de Benny Metz al frente del Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS) ha mostrado señales claras de avance en puntos donde históricamente se acumulaban retrasos. Uno de los logros más simbólicos y prácticos es el impulso a la cedulación accesible, porque sin identidad no hay ciudadanía plena. La propia Junta Central Electoral destacó jornadas y acciones de cedulación para personas con discapacidad, y Metz subrayó el valor de este paso como garantía de derechos.
Otro avance importante ha sido llevar la inclusión al terreno digital. CONADIS, junto a la OGTIC, ha trabajado para fortalecer la accesibilidad en portales web, un tema que parece técnico, pero es profundamente humano: si un ciudadano no puede leer, navegar o completar un servicio online, queda fuera. Y en el plano institucional, CONADIS ha avalado a más de 100 instituciones públicas por cumplir políticas vinculadas a inclusión y accesibilidad, en línea con evaluaciones como el subindicador 9.06.
También merece reconocimiento la articulación con aliados internacionales, como la cooperación con el PNUD, orientada a modernizar herramientas de gestión y ampliar acceso a servicios. Esto es relevante porque la inclusión real no se logra con una sola institución: requiere coordinación, presupuesto, datos, formación de servidores públicos y continuidad.
La tarea pendiente es enorme: inclusión educativa sin barreras, empleo con oportunidades reales, ciudades caminables, justicia accesible, salud con trato digno y tecnología para todos. Pero la esperanza no se declama: se construye. Y por eso, aun señalando la deuda, también corresponde destacar que bajo la presidencia de Benny Metz, CONADIS ha empujado logros concretos que mueven el país en la dirección correcta.
La meta ahora es simple y exigente: que la inclusión deje de ser un proyecto y se convierta en costumbre nacional. Porque una sociedad se mide, al final, por cómo trata a quienes más necesitan que el sistema funcione
