Antes el derecho penal era especie de brazo ejecutor del Estado, como institución llamada a coadyuvar en la consecución de sus fines de garantizar la paz interna y la seguridad. También, obvio, era utilizado por la clase dirigente, para sus fines de mantenimiento en el poder y sometimiento y persecución de la oposición. Entre otros fines ilegítimos.
Hoy el derecho penal sigue siendo eso. Pero también es otras cosas igual de malas, por no decir peores. Digamos, se ha democratizado su uso como herramienta contra opositores presentes o futuros. Y no solo es herramienta estatal, también lo es de políticos sin escrúpulos, de jueces y fiscales con agenda propia, de periodistas y de ciudadanos con otros intereses.
Para los políticos está el tema de la corrupción, uno de los grandes males de nuestra historia institucional. Y comparten, con ciudadanos de otros litorales, el tema de la violencia de género y del acoso sexual.
Al cuestionar a un político con estos temas, si la imputación tiene el suficiente auge mediático, se le fusila moralmente y se logra su destitución y desgracia. Sin proceso, sin decisión judicial firme que le declare culpable, solo con el sonido.
Al respecto, solo se debe tener un ejército (real o de bots), para hacer eco de la información. La verdad no importa. Ni la verdad real ni la verdad procesal, pues el proceso mismo no es importante, sino la bulla, el clamor popular, el deseo de venganza, el odio desbocado, los intereses oscuros.
La justicia se ha instrumentalizado en el país más allá del denominado “Populismo penal”. Quizás no llega a impedir gobernar a un mandatario electo democráticamente (Lawfare), o de llevarlo a prisión como en el caso de Lula, o ponérsela difícil como a Dilma en Brasil, pero es evidente que el gobierno sigue el canto de sirena de las redes. Lo cual es bueno, lo cual es malo. Dependerá.
Las redes, con las llamadas granjas de trolls, deben tomarse con cuidado. Son importantes, pero no es prudente gobernar solo a sus dictados que pueden ser veleidosos e interesados. Obvio, todos tienen sus bots.
Derecho penal, sometimientos por corrupción o abuso sexual, renuncias y cancelaciones de funcionarios, sin proceso, procurando silencio, es la expresión de una forma de gobierno que podría desgastarse en el camino, y que ya la oposición identifica como talón de Aquiles.
Para colmo, y como es lógico, todos tienen sus agendas. Muy personales, muchas veces distintas a los órganos que dirigen. Diferente a la de las mayorías, bendecidas por los medios, en algunos casos.
El derecho penal y las redes son instrumentos de presión. Incluso, utilizados a lo interno de los partidos políticos en contra de adversarios presentes o futuros a puestos en el estado, en las estructuras partidarias o de elección popular.
Como el homérida, Odiseo, tenemos a “Escila, que aúlla terriblemente” de un lado y a “Caribdis (que) sorbe la turbia agua”, del otro, y de fondo los cantos de sirena “que encantan a cuantos hombres van a su encuentro”, escollos que parecen insalvables. El asunto no marcha bien. Y el último lugar para resguardar la honra, el tribunal, muchas veces opera también con su agenda e intereses particular.
