En este editorial del portal Nuestras Instituciones Públicas, deseamos destacar un hecho reciente que debe servir de ejemplo a muchas instituciones del Estado. La presidenta de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia), María Elena Vásquez Taveras, ha revelado que, por primera vez, se ha sancionado un caso de colusión en las contrataciones públicas. Este caso involucra a dos empresas distribuidoras de insumos para la elaboración de alimentos destinados a las cárceles del régimen penitenciario nacional.
Este hecho sin precedentes por ProCompetencia ha sido valorado y reconocido por la Dra. Milagros Ortiz Bosch, directora general de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG). Ella se refirió a la sanción del primer caso de colusión como un auténtico éxito en la gestión de la presidenta Vásquez Taveras. Ortiz Bosch expresó: «Hace años que se creó ProCompetencia y es ahora cuando comienza a funcionar. Es importante que se hable de colusión y, por primera vez, aquí tenemos sentencia de esta práctica anticompetitiva.»
Vásquez Taveras, titular de ProCompetencia, destacó que entre los hallazgos que sirvieron de base para detectar el esquema colusorio entre las empresas participantes, figuran la relación entre los accionistas de ambas empresas, pertenecientes a un mismo núcleo familiar; la coincidencia en los precios y productos ofertados; así como la representación mutua en la fase de ejecución contractual.
Las empresas fueron sancionadas conforme a la normativa, y la estimación del daño se calculó sobre la base de las fórmulas económicas que la institución ha publicado en sus guías metodológicas, las cuales dotan de seguridad jurídica y certeza a los procesos sancionadores de la institución.
El ejemplo de ProCompetencia merece ser más destacado en un entorno donde, la mayoría de las veces, lo que se hace viral no son las buenas acciones, sino los comportamientos indebidos y las acciones que no son ejemplares.
