El Gobierno eludió asignar para el 2021 el 41.61 por ciento del presupuesto fijado por leyes especiales a un grupo de ministerios y entidades estatales. El monto global dejado fuera de los presupuestos de las instituciones afectadas asciende a RD$223,548.4 millones.
De acuerdo a un cuadro anexo a un documento de la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) que describe el Presupuesto Ciudadano, el monto global asignado para el 2021 a las entidades que gozan de partidas establecidas por leyes especiales, fue de RD$326,990.7 millones, cifra que representa el 59.39% del valor fijado por mandato legal.
Según indica la Digepres en su documento, “existen al menos 23 leyes que condicionan el uso de fondos públicos, constituyéndose en rigideces presupuestarias para la asignación del gasto público”. El anterior director general de Presupuesto se quejaba de la rigidez que esas leyes y decretos imponían a los diseñadores presupuestarios, restando flexibilidad para la asignación de recursos.
El documento de la Digepres explica que partiendo de los porcentajes establecidos por leyes, para unas 27 entidades o actividades “de hecho, para el 2021 habría que destinar RD$550,539.6 millones o lo equivalente al 11.2% del PIB, representando un 61.8% del total de gasto público”. “No obstante, en base a lo dispuesto en el articulado de la presente ley, lo efectivamente asignado asciende a RD$326,990.7 millones o lo equivalente al 6.7% del PIB”, precisa la Digepres.
Se ha convertido en una práctica de los últimos años que el Poder Ejecutivo pida una especie de dispensa en cada proyecto de Presupuesto General del Estado, por la imposibilidad de cumplir con las asignaciones que establecen las diferentes leyes. Para el presupuesto 2021, apenas tres asignaciones fueron hechas dentro de los parámetros porcentuales de las leyes que crearon partidas con fórmulas fijas de cálculos, que a veces son el PIB, otras porcentajes de los ingresos corrientes o proporción fija de tasas específicas sobre bienes y servicios.
Los mandatos que se cumplen totalmente para el 2021 lo encabeza el del 4% para Educación que establece la Ley 66-97 en su artículo 197, cuya asignación es de RD$194,510.2 millones, con una ligera merma en “el monto correspondiente según ley” que calcula la Digepres en RD$196,090 millones. Las otras dos partidas importantes fijadas para el 2021 según las leyes correspondientes son la dirigida al 9-1-1, creada por la ley 184-17, artículo 26 párrafo 1, que tiene una asignación de RD$1,080.2 millones, y el Fondo para el pago de la deuda externa, creado por el párrafo 1 del artículo 6 de la Ley de Hidrocarburos número 112-00, cuya asignación es de RD$38,153.0 millones.
Las podas presupuestarias
Las mayores reducciones que refleja una comparación de las asignaciones reales con las legales, las tienen para el próximo ejercicio fiscal la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), los ayuntamientos o gobiernos municipales, el Banco Central y el Ministerio de la Juventud. También el “Fondo del Presidente”, que creó la Ley 423-06 y que equivale a un 5% los ingresos corrientes, quedó trunco en la asignación del 2021, al reflejar un balance de RD$4,648 millones, de un derecho adquirido que representaría un valor de RD$32,830.8 millones. Ese fondo es generalmente utilizado por los presidentes para obras y acciones imprevistas, casi siempre ligadas a necesidades de urgencias o emergencias. También tiene una gran merma el Fondo de Calamidad Pública, que se nutre del 1% de los ingresos corrientes, por mandato del artículo 33 de la misma ley 423-06. Debía tener RD$6,566.2 millones, y figura con RD$594.8 millones.
Al Banco Central que según la ley 167-07 en su artículo 6 le corresponde una asignación equivalente al 1.2% del PIB, figura con una asignación real de RD$11,248,8 millones, versus una legal de RD$58,827.0 millones. El monto asignado es para la recapitalización del Banco Central, reponiéndole el costo asumido por ese organismo en razón del salvamento que realizó cuando ocurrió la quiebra de los bancos Intercontinental, Bancrédito y Mercantil, en el 2003.
Por el incumplimiento que cada año se hace en la asignación del monto mandado por la Ley de Recapitalización, el tiempo previsto para completar el período de las transferencias ha resultado insuficiente para cubrir los montos estimados. Solo para el 2021 la rebaja de lo asignado con respecto al valor mandado por ley será de RD$47538.2 millones.
En cambio a la UASD, que según la Ley 139-01 le corresponde un presupuesto equivalente al 5% de los recursos internos calculados para cada período fiscal, la asignación del próximo año es de RD$9,359 millones, frente a un mandato de RD$37,196.6 millones. La reducción del presupuesto legal de la academia estatal fue, en términos absolutos, de RD$27837.3 millones, equivalente 74.83 por ciento.
El Ministerio de Turismo, que en virtud del el decreto 99-01 tiene derecho a recibir el 50% de los ingresos que generan las ventas de tarjetas turísticas, que para el próximo presupuesto habría representado un estimado de RD$1,045.2 millones, pero con el recorte la asignación quedó en solo RD$126.5 millones.
Los gobiernos locales tendrán que conformarse con menos de la tercera parte del presupuesto que la ley 166-03, en su artículo 3 les fija, que es el 10% del Fondo General. De haberse hecho la asignación en base a ese mandato, la asignación habría sido de RD$66,215.2 millones. La asignación real, sin embargo, fue de RD$20,726.1 millones, que representan el 31.30 por ciento de la fijación estabecida por ley.
La Junta Central Electoral tendrá también una importante rebaja de sus asignaciones legales. La ley 15-19, en su artículo 18, manda un 1.5% del monto del Presupuesto General del Estado, que para el 2021 habría representado un valor de RD$15,567.6 millones. Pero la asignación real quedó en RD$4,511.3 millones, para una merma absoluta de RD$11,056.3 millones, equivalente a 71.02 por ciento
El Ministerio de la Juventud y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) también quedaron con asignaciones reales lejanas a las legales. Para el Conani la Ley 136-03, en el artículo 448, fija un 2% del Presupuesto Nacional, que proyectado para el 2021 representarían unos RD$17,827.6 millones. La asignación final colocada en la Ley de Presupuesto del próximo año es RD$1,334.8 millones, con una merma de RD$16,492.8 millones. La asignación fue el 7.48% del derecho legal.
En el caso del Ministerio de la Juventud, que el artículo 41 de la ley 49-00 le asigna el 1% de los recursos internos, la referencia legal sitúa su derecho a un monto de RD$7,439.3 millones, pero la realidad económica le asignó RD$660.7 millones, que son apenas el 8.88% de la referencia legal. El monto asignado es menor en RD$6,778.6 millones al que le correspondía a ese ministerio de haber el Gobierno tenido la holgura que le permitiera cumplir el mandato de la ley.
Justicia, Congreso y casos excepcionales
El Poder Judicial, con mandato de la Ley 194-04, artículo 3, de una asignación equivalente al 2.66% del Fondo General, quedará debajo de ese potencial, que es de RD$17,613.2 millones. Recibirá RD$8,737.9 millones.
El Congreso que por la misma ley que fija recursos para al Poder Judicial, debe recibir el 3,10% del Fondo General, que para el 2021 serían RD$20,526.7 millones, tendrá una asignación real de RD$7,818.1 millones.
Como casos con asignaciones superiores a las fijadas por leyes figuran el Instituto del Tabaco, que debe recibir el 8% del recaudo producido por el Impuesto Selectivo al Tabaco y a los cigarros, tasa que para el 2021 produciría un estimado de RD$243.9 millones, pero que en el Presupuesto tiene una asignación de RD$338.7 millones, es decir, RD$94.8 millones por encima del monto legal que refiere el artículo 5 de la Ley 165-01.
Una posición ventajosa de asignación versus fijación legal tiene también el Ministerio de la Mujer, al que el artículo 7 de la Ley 88-03 la establece un 1% del recaudo producido en base a las licencias para porte de armas de fuego. Por ese concepto el estimado de ingreso para el 2021 es de RD$1.6 millones, y en el Presupuesto la asignación real es de RD$2.1 millones. El Fondo para el Desarrollo Vial, que se alimenta del 75% del impuesto adicional de dos pesos aplicado a los hidrocarburos, también figura con una asignación mayor a la legal. Tiene RD$1,500 millones, en vez de RD$1,344.6 millones.
En cambio, el Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera (Conaleche), el organismo creado en virtud de la Ley 180-01, que en su artículo 6 la crea un monto fijo anual, basado en una tasa que se le aplica a la importación de leche, y que para el 2021 arroja un cálculo de RD$120 millones, el cual aparece asignado completamente.