Implicados en caso Coral aún no han sido trasladados a cárcel donde cumplirán prisión preventiva

Cinco de seis imputados en el caso Coral son enviados a Najayo

Santo Domingo.- Los cinco imputados a los que se les dictó ayer prisión preventiva como medida de coerción, tras ser acusado por el Ministerio Público de corrupción administrativa a través de la Operación Coral, amanecerán nueva vez en la cárcel del Palacio de Justicia, del Distrito Nacional.

El panorama alrededor de la Fiscalía de Ciudad Nueva, donde permanecen los encartados, es totalmente tranquilo. La presencia de agentes de la Unidad de Alto Riesgo de la Procuraduría General de la República, encargados de trasladar a los apresados a los centros penitenciarios, es totalmente nula.

Se presumía que los presos, el mayor general Adán Cánceres Silvestre, exjefe del Cuerpo de Ayudantes Militares de la Presidencia (Cusep); la pastora Rossy Guzmán, el cabo policial Tanner Flete Guzmán, el coronel Rafael Núñez de Aza, el sargento Alejandro Montería Cruz, iban hacer traslados este martes al Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo, en San Cristóbal, donde la jueza Kenya Romero los envió a cumplir la prisión preventiva.

De su lado, el mayor Raúl Alejandro Girón, quien esta colaborando con el Ministerio Público y admitió los cargos, fue trasladado ayer a un lugar secreto, donde cumplirá arresto domiciliario, impedimento de salida y vigilancia.

De acuerdo a las investigaciones del Ministerio Público, los implicados están acusados de estafar al Estado dominicano con más de 3,000 millones de pesos con una supuesta red que nombraba compañeros en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), los cuales no ejercían ninguna función, pero tenían que entregar el mayor porcentaje del salario a los miembros del grupo criminal.

Al grupo se le imputan los delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.

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