La procuradora general llama a fortalecer la prevención de la violencia, respetar las normas de tránsito y asumir la responsabilidad por los delitos cometidos en las redes sociales.
TAMBORIL, República Dominicana.– La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, advirtió sobre las graves consecuencias penales que pueden enfrentar quienes conducen bajo los efectos del alcohol y provocan la muerte de otra persona, al señalar que, conforme a lo expuesto sobre el nuevo Código Penal dominicano, estos hechos podrían conllevar penas de hasta 20 años de prisión, según las circunstancias y la calificación jurídica del caso.
La advertencia fue realizada durante la conferencia Anatomía de la violencia y la criminalidad, celebrada el viernes 16 de octubre en la Biblioteca Municipal de Tamboril, donde la magistrada abordó distintas conductas que pueden derivar en responsabilidad penal y exhortó a la ciudadanía a actuar con mayor conciencia frente a los riesgos que amenazan la vida y la convivencia social.
Conducir bajo los efectos del alcohol: una decisión con consecuencias penales
Uno de los principales mensajes de Reynoso estuvo dirigido a los conductores que consumen bebidas alcohólicas antes de ponerse al volante. La procuradora llamó a evitar esta práctica, al advertir que sus consecuencias pueden ir mucho más allá de una infracción de tránsito cuando se produce un accidente mortal.
Desde una perspectiva preventiva, el señalamiento coloca la responsabilidad individual en el centro de la seguridad vial: conducir después de beber puede poner en peligro no solo al conductor, sino también a pasajeros, peatones y otros usuarios de las vías públicas.
La dimensión penal de estos hechos dependerá de las circunstancias concretas, las pruebas disponibles y las disposiciones legales aplicables. Por ello, la advertencia de la procuradora representa también un llamado a no subestimar las consecuencias jurídicas de una decisión que puede terminar en una tragedia irreversible.
Disparar al aire también puede terminar en una investigación por homicidio
Reynoso también alertó sobre la práctica de disparar armas de fuego al aire, una conducta que suele justificarse como celebración, pero que puede tener consecuencias mortales cuando los proyectiles impactan a personas.
La magistrada explicó que, dependiendo de las circunstancias, si una persona dispara y causa lesiones o la muerte de otra, los hechos podrían ser examinados bajo la figura del homicidio con dolo eventual.
Esta calificación exige valorar elementos concretos del caso, entre ellos las circunstancias de la conducta y la previsibilidad del resultado. No significa que todo disparo al aire constituya automáticamente homicidio con dolo eventual, sino que la responsabilidad penal debe establecerse a partir de las pruebas y de la legislación aplicable.
El mensaje plantea un problema de seguridad ciudadana que trasciende el momento del disparo: una acción realizada de manera aparentemente festiva puede poner en riesgo vidas humanas y generar consecuencias judiciales para su autor.
Las redes sociales no garantizan impunidad
Otro de los temas abordados por la procuradora fue la responsabilidad por las conductas cometidas en entornos digitales. Reynoso advirtió sobre las consecuencias legales que pueden derivarse de la difamación, el acoso digital y la inducción al suicidio.
La funcionaria también señaló que utilizar cuentas falsas no garantiza el anonimato, debido a que la actividad en internet puede dejar rastros digitales que, mediante procedimientos de investigación legalmente autorizados, permitan identificar a los responsables.
La advertencia adquiere relevancia en un contexto en el que las plataformas digitales pueden utilizarse tanto para informar y comunicar como para hostigar, amenazar o perjudicar la reputación y la integridad de otras personas.
No obstante, la determinación de una infracción penal requiere analizar el contenido, las circunstancias, las pruebas y los elementos establecidos por la ley. La crítica, la opinión y la denuncia legítima no deben confundirse automáticamente con conductas delictivas.
Un nuevo Código Penal frente a nuevas formas de criminalidad
Durante su exposición, Reynoso explicó que el nuevo Código Penal dominicano actualiza una legislación que databa de 1884 e incorpora nuevas figuras delictivas, con penas que pueden alcanzar hasta 60 años de prisión en determinados supuestos.
Este cambio legislativo sitúa en el debate público la necesidad de que la población conozca cuáles conductas pueden generar responsabilidad penal y cuáles son las consecuencias previstas por la ley.
Sin embargo, la aplicación de las nuevas disposiciones requiere precisión: las penas dependen del delito, sus circunstancias, las condiciones de aplicación de la norma y las garantías del debido proceso. Por esa razón, las cifras anunciadas deben examinarse a la luz del texto legal vigente y de las disposiciones específicas correspondientes a cada caso.
La prevención comienza en la familia y en la comunidad
Más allá de las sanciones, la procuradora insistió en la importancia de respetar las leyes, cumplir las normas de tránsito y reconocer los derechos de los demás. También destacó el papel de la educación familiar en la prevención de la violencia y los conflictos sociales.
Su planteamiento apunta a que la respuesta frente a la criminalidad no puede descansar únicamente en la persecución penal. También requiere educación, orientación ciudadana, responsabilidad individual y acciones preventivas que reduzcan los comportamientos de riesgo.
La conferencia en Tamboril puso sobre la mesa tres escenarios cotidianos con potenciales consecuencias graves: conducir después de consumir alcohol, manipular armas de fuego de forma irresponsable y utilizar las redes sociales para acosar o perjudicar a otras personas.
El mensaje central de Yeni Berenice Reynoso es que las decisiones individuales pueden tener consecuencias irreversibles y que el desconocimiento de la ley no elimina la responsabilidad. La prevención, el respeto a la vida y el uso responsable de la libertad constituyen elementos esenciales para reducir la violencia y fortalecer la convivencia en la República Dominicana.
