Aborto vuelve al Tribunal Constitucional: conocerá recurso contra la penalización absoluta
El debate sobre la despenalización del aborto en República Dominicana regresa al escenario judicial luego de que el Tribunal Constitucional (TC) asumiera el conocimiento de un recurso que cuestiona la constitucionalidad de las disposiciones legales que penalizan la interrupción del embarazo en todas las circunstancias.
La acción busca que el alto tribunal examine varios artículos del Código Penal que establecen sanciones para las mujeres que abortan y para quienes colaboren en el procedimiento, sin contemplar excepciones relacionadas con riesgos para la vida de la madre, inviabilidad fetal o embarazos producto de violación o incesto.
El caso reabre una discusión que durante años ha generado intensos debates entre sectores religiosos, organizaciones de derechos humanos, grupos feministas, juristas y actores políticos. Las organizaciones que respaldan el recurso sostienen que la penalización absoluta vulnera derechos fundamentales como la vida, la salud, la dignidad humana y la integridad de las mujeres.
Por su parte, sectores que defienden la legislación vigente argumentan que la Constitución dominicana protege la vida desde la concepción y que cualquier flexibilización de las normas podría contravenir ese principio constitucional.
La decisión que adopte el Tribunal Constitucional podría tener importantes repercusiones jurídicas y sociales, ya que establecería criterios sobre la compatibilidad de la legislación penal con los derechos fundamentales reconocidos en la Carta Magna y en los tratados internacionales suscritos por el país.
El tema de las denominadas “tres causales” ha sido uno de los puntos más controversiales en las discusiones legislativas de los últimos años. Aunque diversos proyectos de reforma penal han intentado incorporar excepciones para permitir el aborto en circunstancias específicas, las iniciativas no han logrado consenso definitivo en el Congreso Nacional.
Con la apertura de este nuevo proceso constitucional, el país vuelve a situar en el centro del debate una de las cuestiones más sensibles y divisivas de la agenda pública dominicana, mientras distintos sectores esperan un pronunciamiento que podría marcar un precedente histórico en materia de derechos reproductivos y protección de la vida.
