Un titular de prensa anunció: «Nueve muertos por desplome de pared en desnivel de la 27 de febrero con Máximo Gómez». Sin embargo, el comunicado emitido por el Ministerio de Obras Públicas es una afrenta a las nueve víctimas y al pueblo dominicano. En dicho comunicado, el Ministerio expresó: «Este ministerio instruyó la investigación del lugar para determinar las causas reales que dieron lugar a este fatídico suceso y permitir que se establezcan consecuencias ejemplarizadoras para los responsables».
El Ministro de Obras Públicas, Deligne Ascensión, debería reconocer que las grietas y la falta de mantenimiento eran evidentes en el lugar de la tragedia, en lugar de atribuir la caída de las paredes al agua que se acumuló en el área. El ministro debería admitir que el mantenimiento principal en esa zona de la 27 de febrero con Gómez se limitaba a la limpieza del área. Según los informes de la institución, se realizaron 28 mantenimientos desde 2020, y lo destacado en esos informes fue simplemente la limpieza.
Debería reconocer que es un patrón común cerrar túneles para mantenimiento, pero se ven constantemente las mismas fallas en el mantenimiento de las luces y el cuidado de las paredes. Debería aceptar que, aunque se gastan grandes sumas en obras por todo el país, no se asignan fondos suficientes para el mantenimiento adecuado de las estructuras ya construidas. Aquellos familiarizados con el mantenimiento saben que existen dos tipos: el preventivo y el correctivo. La responsabilidad de 28 mantenimientos es identificar anomalías y corregirlas. Todo apunta a que la gestión de Deligne Ascensión no tuvo esto en cuenta en el lugar de la tragedia en la 27 de febrero.
Debido a las quejas a nivel nacional hacia el Ministerio de Obras Públicas, donde muchos solicitan la renuncia o destitución del actual ministro, Deligne Ascensión, tras la trágica pérdida de nueve vidas por los muros que se desprendieron, vemos una serie de hechos recientes que involucran al Ministerio. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó que cerró, del lunes 30 de octubre al sábado 4 de noviembre, un total de 43 estructuras al tránsito vehicular en distintos pasos a desnivel y puentes del Gran Santo Domingo para trabajos de acondicionamiento.
Se realizaron labores como la recogida de desechos sólidos, barrido, recogida de agregados, control de maleza, limpieza general y drenaje, entre otros. Sin embargo, estas acciones, consideradas de bajo costo, podrían ser interpretadas como un anuncio mediático o una justificación presupuestaria, ya que, a pesar de ello, no se atendieron las fallas en la estructura de la avenida Máximo Gómez con 27 de febrero.
Las quejas por la falta de mantenimiento en numerosas obras a lo largo del país son habituales, incluyendo aquellas que se inician y luego son olvidadas, o proyectos que, prometidos meses atrás, nunca comienzan. El periodista Rafael Zapata, coordinador vespertino de El Nuevo Diario, denunció ante el presidente Luís Abinader en LA Semanal con La Prensa, la detención de la construcción de aceras y contenes en Hato Mayor del Rey, obra que inició en junio de 2021 pero que permanece detenida. «La zona norte de Hato Mayor del Rey, históricamente abandonada por las autoridades, es la más vulnerable; gran parte carece de aceras y contenes», expresó Zapata, agregando que, tres meses después de asumir su gestión, se dispuso a través del Ministerio de Obras Públicas una licitación para su construcción.
Anteriormente, la Fundación Primero Justicia y el comerciante Manuel García Mejía acusaron al ministro Deligne Ascensión Burgos de cometer graves irregularidades en la contratación de un proyecto, como el uso de empresas sin experiencia en construcciones de autopistas, la sobrevaluación de la obra y variación en su diseño, entre otros. Además, una carta depositada en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) por el joven emprendedor Eric Ortiz exigió el retiro inmediato de una colocación publicitaria que promocionaba la figura del ministro, Deligne Ascensión Burgos.
En su denuncia, Ortiz expresó su preocupación por el uso de fondos públicos en este tipo de anuncios, que, según estimaciones, supera los RD$ 18 millones mensuales, cifra que resulta exorbitante frente a las medidas de austeridad anunciadas por el gobierno central. Destacó que, si bien la comunicación institucional es relevante, debe estar orientada a informar sobre asuntos de interés público, campañas educativas y proyectos, y no para promover una marca personal.
Finalmente, el actual ministro de obras públicas debe explicar al país lo ocurrido este fin de semana, aclarar lo pertinente, cancelar a quienes corresponda y, si las pruebas lo demuestran y él es consciente de su negligencia en el ejercicio de sus funciones, debería renunciar en las próximas horas. Si el presidente lo mantiene en el cargo a pesar de la comprobada culpabilidad, los nueve fallecidos recaerán también sobre el mandatario.»
