El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) solicitó de manera formal a la Procuraduría General la puesta el movimiento de la acción pública contra los propietarios de negocios clausurados en los últimos días por la venta de bebidas alcohólicas adulteradas.
Hasta ayer eran 147 los fallecidos por consumo de metanol y 420 los afectados al consumir bebidas adulteradas o falsificadas con ese producto químico.
Un documento expone que el director ejecutivo, Eddy Alcántara, dirigió una comunicación a la procuradora, Miriam Germán Brito, y a su adjunta Yeni Berenice Reynoso, en la que solicita una investigación penal contra los dueños de estos establecimientos a quienes dijo sorprendieron en el acto.
“Mediante la presente instancia reitera la solicitud por ante la Procuraduría General para que en el ejercicio de sus atribuciones inicie la puesta en movimiento de la acción pública a los establecimientos que vulneran las regulaciones sobre comercialización de productos”, dice la carta.
Resalta que al tener en cuenta el de tema de seguridad nacional decretada por el gobierno por la cantidad de muertes ocasionadas por el consumo de bebidas alcohólicas adulteradas, Pro Consumidor “realiza desde marzo las acciones de lugar para combatir y erradicar la venta de estas bebidas junto a otras entidades gubernamentales en todo el territorio”.
Alcántara manifestó que el miércoles depositaron ante el Ministerio Público la documentación que compromete a los propietarios de esos establecimientos con la venta de esas bebidas que han provocado más de un centenar de muertes en las últimas semanas, para que estos casos sean investigados y los responsables procesados por los daños causados a la sociedad.
Operativos. El organismo ha estado activo en la intervención a establecimientos y ha pedido sanciones.
Dijo que los últimos negocios cerrados están en la urbanización Italia y el sector Narcisa I, de Santo Domingo Este; los sectores San Carlos, Distrito Nacional, y Primaveral, Santo Domingo Norte, entre otros del Gran Santo Domingo.
Recordó que el 27 de abril depositaron ante el Ministerio Público los primeros catorce expedientes de igual cantidad de negocios clausurados por ese delito para que proceda en la justicia por los daños causados.
El funcionario manifestó que la inspección y vigilancia de las últimas semanas han implicado la intervención de más de 600 comercios en diferentes puntos del país, en especial en Santiago, San Francisco de Macorís, Puerto Plata, Dajabón, Montecristi, Monseñor Noel, Nagua, Samaná, Punta Cana, San Cristóbal, Gran Santo Domingo y otros puntos.
Alcántara sostuvo que solicita a la Procuraduría para que sean investigados los negocios denunciados y cualquier otra persona que en el curso del proceso resulte vinculada y en consecuencia sean interpuestas las sanciones.
