El proyecto de ley orgánica de libertad de expresión y medios audiovisuales, que perimió en la pasada legislatura en el Senado de la República, tras el rechazo de algunos sectores, aún no ha sido reintroducido al Congreso Nacional.
La pieza, que había sido sometida por el Poder Ejecutivo en la Cámara Alta el 02 de mayo de 2025, fue fruto del trabajo de una comisión de juristas y comunicadores creada por el presidente Luis Abinader en junio de 2022 para actualizar la legislación vigente sobre la libertad de expresión (Ley 6132). Sin embargo, no sería convertida en ley en los 36 días que le queda al ciclo de trabajo parlamentario ordinario (incluyendo los días feriados), el cual concluye la noche del próximo 26 de julio.
Y es que el pliego legislativo, de ser sometido otra vez, deberá agotar su trámite en el Congreso “desde cero”, por lo que, debido a sus aspectos controversiales, el tiempo no sería suficiente para que el primer Poder del Estado le dé salida.
A esto se suma que Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco, presidentes de las cámaras legislativas, no han mencionado el marco de ley en el listado de las iniciativas que buscan evacuar antes de finales de julio.
Los senadores y diputados suelen rescatar las iniciativas que perimen depositadas por terceros, en especial cuando estas gozan de la aceptación del pueblo y tienen poco rechazo, lo que no ha ocurrido con la legislación en cuestión.
Controversial
Desde su llegada al Senado de la República, el proyecto de ley orgánica de libertad de expresión y medios audiovisuales estuvo rodeado de críticas y el repudio de algunos sectores, cuyo punto más controversial es la creación del Instituto Nacional de Comunicación (Inacom), órgano regulador que algunos ven como necesario y otros como posible instrumento de control.
La normativa, de la que el presidente Abinader no puso “ni una coma”, dio lugar a opiniones divididas entre abogados, dirigentes políticos, influencers, movimientos cívicos, entre otros.
Además de las discusiones por la creación y funciones del Inacom, los debates se centraron en aspectos como la regulación de redes sociales y plataformas digitales; preocupaciones constitucionales sobre libertades fundamentales; entre otros puntos. El pliego de ley, en su artículo 34, pondera que el Inacom tendrá la responsabilidad “de proteger y promover” el ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información, así como definir, establecer y reglamentar las políticas públicas, normas y procedimientos necesarios para la aplicación adecuada de esta legislación.
Comisión nunca rindió informe final
En mayo de 2025, la Cámara Alta conformó una comisión que estudiaría el proyecto, la cual realizó varios encuentros pero no rindió un informe final, a pesar de las reiteradas promesas de que lo haría. El equipo estuvo presidido por Aracelis Villanueva (PRM-San Pedro).
Si bien en el Congreso cursan dos iniciativas sobre libertad de expresión, no son reformas integrales y el tiempo les juega en contra para ser convertidas en ley: una es el “proyecto de ley sobre las garantías de libertad de expresión, libertad de prensa y prohibición de censura previa en la República Dominicana”, sometida en la Cámara Baja por la diputada Lidia Ester Pérez; y la otra es el “proyecto de ley que modifica la Ley no. 6132, de Expresión y Difusión del Pensamiento”, introducido en la Cámara Alta por el senador Eduard Espíritusanto (FP-La Romana). Ambas piezas están en comisión.
Propuso tratar las redes sociales en ley especial
El 23 de junio de 22, el presidente Luis Abinader creó, con carácter honorífico, la Comisión Consultiva para la Libertad de Expresión (Cclex), a cargo de presentar al Gobierno un borrador de reforma a la Ley 6132.
Luego de que el Poder Ejecutivo sometió la pieza al Congreso Nacional, el 2 de mayo de 2025, surgieron las críticas a la iniciativa; fueron tantas que Namphi Rodríguez, coordinador de la Cclex, propuso al Senado -sin éxito- retirar el capítulo IV del pliego legislativo, referente a las redes sociales, y tratarlo en una ley especial.
La propuesta fue rechazada por senadores y miembros de la Comisión Consultiva que elaboró el proyecto.
“Ya ustedes conocen mi posición, que la expresé de manera individual y que la he traído y explicado a la comisión, en el sentido de que existen varios modelos de regulación. La comisión ha propuesto un modelo convergente, pero que dentro de las posibilidades se pudiera dar un modelo por separado. Lo que dije fuera, lo he repetido aquí dentro”, subrayó el coordinador de la Cclex luego de entregar dos documentos a la comisión especial senatorial concernientes al tema y precisar que su planteamiento era de manera individual.
