El Ministerio Público apeló la decisión de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que ordena al titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Wilson Camacho, poner a disposición de los abogados de la Cámara de Cuentas (CC) todas las actuaciones procesales relativas a la investigación que realiza en el órgano auditor.
Solicitó a la jueza de la segunda sala penal de la SCJ, María Garabito, en su condición de juez de la instrucción especial, revocar en todas sus partes la resolución 6-2021 que dictó del 15 de marzo en curso por considerar que los demandantes carecen de calidad para actuar en justicia.
La resolución fue dictada por la magistrada Garabito acogiendo un pedimento de la defensa de la CC, integrada por los abogados Jorge Prats, Julio Cury y Danay Mercado, que solicitan copias certificadas de los interrogatorios practicados al presidente del organismo auditor, Hugo Álvarez Pérez; al miembro titular Carlos Noes Tejada Díaz y al director de Auditoría, Henry Bautista Santana.
En su recurso de oposición depositado por secretaría el jueves 18 a las 3:15 de la tarde, el titular de la Pepca dice que el tribunal control no tomó en cuenta una cuestión de orden público como es la verificación previa de la calidad de los demandantes.
“De haberlo hecho, otra fuera su decisión, en vista de que podría haberse dado cuenta de que los abogados solicitantes, en su instancia, conocida por el Ministerio Público, porque tuvo que solicitarla a este juzgado de control posterior a la decisión del tribunal, no tenían calidad para actuar en justicia”, agregó.
El jueves Camacho se quejó de que la decisión a favor de los demandantes se tomara de forma administrativa y no en una audiencia oral y contradictoria.
La investigación. Los miembros del pleno de la CC son investigados por la Pepca por supuesta obstrucción de la justicia y adulteración de auditorías hechas en los ministerios de la Presidencia, y Administrativo, Odebrecht, la central termoeléctrica Punta Catalina, Educación, Educación Superior y el cabildo de Santo Domingo Este (SDE).
Álvarez Pérez, Tejada Díaz, Margarita Melenciano, Pedro Antonio Ortiz Hernández y Félix Álvarez Rivera son acusados por el Ministerio Público de incurrir además en otras infracciones penales como coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, asociación de malhechores, complicidad en los tipos penales de desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos provenientes de actos de corrupción.
La defensa de la CC reclama la entrega de toda la documentación del proceso de investigación afirmando que son de capital interés para ellos poder ejercer de manera efectiva el derecho de defensa que le asiste al órgano auditor.
