El Ministerio Público solicitó prisión preventiva como medida de coerción para los diez exfuncionarios acusados de integrar una red que se dedicaba a “estafar y defalcar instituciones del Estado”; y el cierre temporal de ocho empresas a través de las cuales los imputados encabezados por Juan Alexis Medina Sánchez, realizaron esas acciones que le generaron más de RD$4,796,775,128.96, según cifras preliminares.
También solicitó declarar el caso complejo, indicando que dado el número de personas involucradas en la red necesitará desplegar una amplia actividad investigativa que implicará la recogida de evidencias e información no solo en el país sino también en paraísos fiscales a nivel internacional.
La solicitud del MP fue hecha al juez José Alejandro Vargas coordinador de los juzgados de Instrucción del Distrito Nacional, quien tras un acuerdo con la defensa técnica de los imputados, fijó audiencia para conocerla el próximo domingo a las 10:00 de la mañana.
De acuerdo con la acusación presentada al juez por el titular de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) Wilson Camacho, la red a través de la cual se habría estafado al Estado con miles de millones de pesos durante el período 2012-2014, tenía como supuesto cabecilla a Juan Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente de la República Danilo Medina.
Además de los diez arrestados hasta ahora, en su acusación el MP menciona a Wacal Vernavel Méndez Pineda, Víctor Guillermo Librán Báez y a Rafael Leónidas D’Oleo, así como otras personas físicas y morales no identificadas, como parte de la red creada “con fines de estafar al Estado a través de contrataciones públicas en múltiples instituciones públicas” entre las que destaca a la Oisoe, Fonper y Salud Pública.
Modus operandi. Indica que para la comisión de sus múltiples acciones delictivas Medina Sánchez utilizó además de funcionarios y testaferros, un entramado societario integrado por las razones sociales Domedical Supply SRL, Suim Suplidores Institucionales Méndez SRL; General Medical Solution A.M. SRL; United Suppliers Corporations SRL; Kyanred Supply SRL; General Supply Corporations, Wattmax Dominicana SRL y Fuel American Inc Dominicana SRL,
Resalta que esas eran compañías de carpeta registradas como suplidoras del Estado, pero ninguna con capacidad operativa para suplir de forma directa, no contaban con los recursos humanos para el desarrollo de las actividades comerciales que decían realizar; cambiaban de objeto social con frecuencia a los fines de hacer procesos de licitaciones que eran trajes a la medida e incluso en algunos casos se convocaba licitaciones para productos que ya tenía Medina Sánchez, “y hacían cambios habituales de socios, gerencia y administración entre los miembros de la organización criminal”.
Indica que a través de la empresa Fuel American Inc. Dominicana SRL, constituida en el año 2013, Medina Sánchez obtuvo contratos con la Policía Nacional por más de RD$220.7 millones.
Los socios fundadores de esa compañía eran Medina Sánchez, César Ezequiel Feliz Cordero y José Dolores Santana Carmona. En marzo del 2015 los imputados, cedieron sus acciones al coimputado Julián Esteban Suriel Suazo y, en ese mismo año la empresa cambio de domicilio social.
Agrega la acusación que, esa misma tipología se repite en varias de las personas jurídicas utilizadas por los imputados para concretizar sus actividades ilícitas, siempre bajo el control de Medina Sánchez, recibiendo fondos a través de sus prestanombres y testaferros de otras instituciones del Estado.
“Un monto preliminar ascendente (según lo cuantificado hasta el momento) de más de cuatro mil novecientos noventa y seis millones setecientos setenta y cinco mil ciento veintiocho pesos con noventa y seis centavos (RD$4,796,775,128.96)”, dice la acusación.
Indica que las sociedades controladas por el imputado Medina Sánchez recibieron esos fondos a través “de sus prestanombres y testaferros” de otras instituciones del Estado.
De Salud, Hospital Central de las FFAA, Instituto Nacional del Tabaco, Oisoe, Hacienda (Deuda Pública) y el Fonper, manejó RD$2,657,174,736.27 a través de Domedical Supply SRL. Fonper, Según la acusación, el imputado Fernando Rosa administraba esa institución como una caja chica multimillonaria” y utilizó recursos para sacar beneficios políticos personales durante su precandidatura a la Alcaldía de Santiago por el PLD en el 2016.
Lo propio habría hecho Carmen Magalys Medina Sánchez quien dirigió la institución desde agosto 2012 y además presidía el Comité de Compras y Contrataciones, y aprovechó sus funciones para favorecer empresas del entramado societario que en la practica dirigía su hermano Alexis.
Afirma que en los períodos de ambos funcionarios el Fonper desembolsó a favor de la fundación de la exdiputada Lucía Medina, también hermana de Danilo Medina RD$78,110,000.00.
Dice que ambos exdirectores del Fonper “tenían bajo su administración miles de millones de pesos durante los años que estuvieron dirigiendo la entidad, sin embargo, muy lejos de garantizar el uso eficiente de dichos recursos, desviaron los mismos para fines personales en sus aspiraciones política partidarias y de terceros, en el ámbito familiar y de sus empresas”, señala el Ministerio Público.
Como prueba de ello señala que durante los años 2016, 2017 y 2018, a la Fundación para el Desarrollo de San Juan de la Maguana (Fumudes) que preside actualmente la exdiputada y también hermana del expresidente Medina, Lucía Medía Sánchez, “tenía una asignación mensual aproximada de entre RD$500,000 a RD$750,000”.
Agrega que tanto Fernando Rosa como Carmen Magalys en el 2018 utilizaron fondos del Fonper para la construcción de 390 viviendas en la provincia San Juan mediante los procesos Nos. Fonper-so-01-2018 y Fonper-so-02-2018, “las cuales, posteriormente eran entregadas en proselitismo político por Lucia Medina quien para ese entonces poseía aspiraciones políticas en dicha demarcación, con una precandidatura a la senaduría”.
Según el MP la institución funcionaba también como otro tentáculo más de Alexis , quien se beneficiaba de procesos de contrataciones a través de sus testaferros físicos y jurídicos, donde obtuvo contratos.
En Oisoe. La acusación dice que Medina Sánchez acudía entre 3 y 4 veces a la semana, donde incluso le atribuían más poder que al titular Pagán.
Explica que para el libramiento y rápida aprobación de los pagos a las compañías del entramado societario contaban con la participación del contralor general Germosén Andújar quien omitía los procedimientos legales para favorecer a las empresas, según declaró Pagán cuando fue interrogado, y afirmó que “no podía hacer nada sin el contralor”. “En su condición de rector del control interno no cumplía ni con las reglas de exigencias con relación a sus funciones, ya que no realizó todas las declaraciones juradas exigidas por la ley permaneciendo como omiso todavía en la actualidad…”, señala.
Indica que las actuaciones ilegales de parte de los miembros del grupo llegaron al extremo de que durante la gestión de Pagán se desvinculó a Sonia Betsaida Domínguez (a) Madame, encargada de “la poderosa Unidad de Hospitales” y por gestiones de Medina Sánchez hubo que reponerla como “asesora aunque en la práctica seguía como encargada de la Unidad, e incluso acostumbraba a despachar en el centro de operación” que el imputado en la avenida 27 de Febrero número 328.
Según el MP, el caldo de cultivo para el entramado entre la Oisoe y que el entramado entre la entidad y Domedical Supply SRL fue la declaratoria de “prioridad” anunciada por el expresidente Medina el 27 de febrero del 2013, del proyecto de reconstrucción y remodelación de hospitales y centros de atención médica en casi todo el país, y la posterior Resolución del ministro de Salud Hidalgo, declarando de urgencia la reparación y el mantenimiento general de 51 centros hospitalarios, cuando hacía pocos meses Alexis fundó la sociedad sociedad Domedical Supply SRL.
Según el Ministerio Público esa resolución fue elaborada para “de evadir los procedimientos ordinarios establecidos en la Ley 340-06 sobre compras y contrataciones públicas, para la adjudicación de obras y adquisición de bienes del Estado”.
Cesión hospitales de Salud Pública a Osie
La acusación indica que Salud Pública cedió a la Oisoe mediante un acuerdo firmado el 8 de octubre de 2015 la construcción, reparación y mantenimiento general de los centros hospitalarios, el cual dejaba a Pagán el libertad para “rescindir, renegociar, añadir adendas, etc.”, lo que aprovechó “para violar los procesos de adjudicación establecidos por la Ley 340-06 y de esta forma ilícita entregar miles de millones de pesos a la compañía Domedical Suppli SRL” propiedad de Alexis Medina Sánchez.
“Los contratos para equipamiento de los 56 hospitales a nivel nacional eran realizados por el imputado Francisco Pagán Rodríguez, sobre la base de un supuesto poder especial emitido por el Poder Ejecutivo, a los fines de representar a la Oficina de Ingenieros Supervisores del Estado en los contratos. Sin embargo, el MP dice que eso contradice la certificación No. 0709 del 10 de noviembre, emitida por la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, la cual establece que”, en las archivos de la dicha dependencia, no existe registros ni constancias de poderes especiales concedido par el Presidente Danilo Medina Sánchez al imputado Francisco Pagan Rodríguez para representar al Estado dominicano”. Es decir, puntualiza el MP, que los contratos y resoluciones administrativas Pagán las hizo sin un sustento legal que se lo permitiera, en el entendido de la falta de personalidad jurídica y autonomía de la Oisoe. La acusación tiene 267 páginas.
