Miguel José Moya, implicado en el caso “Caso Medusa”, salió en libertad la tarde del martes, luego de pagar la fianza de un millón de pesos, que le impuso la jueza Kenya Romero, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional.
La garantía económica ordenada por la magistrada Romero, en modalidad de contrato, se lleva a cabo a través de una compañía aseguradora, a la que se le paga un 10 o 12 % del monto de la fianza, de acuerdo a lo informado por Hirohito Reyes, uno de los abogados de Moya.
Contra el exasesor de la Procuraduría General de la República durante la gestión de Jean Alain Rodríguez, la jueza también dictó impedimento de salida y presentación ante la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa (PEPCA) los días 30 de cada mes.
La implicación de Moya se debe a que presuntamente recibió pagos por casi RD$ 20 millones de pesos por capacitaciones “no ofrecidas”.
Recientemente, Moya indicó en un video que el contrato que tenía con la institución “establecía un compromiso de nuestra empresa con la Procuraduría General de la República de contribuir con una extensa estrategia de desarrollo organizacional y de estabilidad del clima laboral. Para ello diseñamos un complejo programa de capacitación, conferencias, seminarios”.
Sostuvo que dicho programa debía ser ejecutado por la Procuraduría y sus estructuras de soporte de capacitación. “Nuestra contribución era eminentemente intelectual y de acompañamiento y colaboración cuando ellos lo requirieron”, manifestó.
El imputado añadió: La interpretación que se hizo del contrato “nos coloca en el riesgo de que esto sea interpretado como fraude. Los magistrados consideran que lo que se denomina en el título del contrato entra en conflicto con las tareas realizadas, que incluían, además de la parte de Recursos Humanos, el acompañamiento y orientación en la conducción de crisis que sucedían de manera frecuente, incluyendo la crisis provocada por la confrontación de los encartados de Odebrecht con la institución”.
