En una situación complicada se encuentra el ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, tras figurar una de sus empresas en el expediente de la Operación Medusa.
De acuerdo con las investigaciones preliminares, una de las empresas de Macarrulla fue subcontratista del contrato sobrevaluado para la construcción de la cárcel La Victoria en la gestión del exprocurador, Jean Alain Rodríguez, quien se encuentra arrestado por ser supuestamente cabecilla de corrupción contra el Estado.
Sin embargo, esto no le cayó por sorpresa a la directora de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), Milagros Ortiz Bosch, quien asegura haber tratado este tema con transparencia hace 4 meses, con el ministro Macarrulla, en su despacho. Quedándose dicha investigación en manos del organismo que constitucionalmente está llamado a realizarla, dado que la misma transciende los límites de la institución que preside.
Mientras tanto, el ministro de la Presidencia atribuye dichos señalamientos a una campaña sistemática de difamación e injuria y considera falsas las acusaciones que buscan involucrar a la empresa de su familia en operaciones fraudulentas vinculadas a la construcción de la nueva cárcel sustituta de La Victoria.
No obstante, uno de los abogados del exprocurador aclaró que no han puesto en tela de juicio a Macarrulla ni sus actuaciones y que su empresa fue una de las empresas que ganó licitación pública de forma correcta, sin oposiciones y sin objeciones.
De cualquier manera, el ministro de la Presidencia solo saldrá de esta situación complicada, sin involucrar al Gobierno, ofreciendo una explicación detallada con base en una investigación acabada sobre su implicación en este nuevo escándalo de corrupción. Y no está demás la observación de que él mismo se tome una licencia sin disfrute de sueldo, en lo que la misma se lleva a cabo.
