Josefa Castillo, actual titular de la Superintendencia de Seguros, recientemente revolucionó el escenario político y mediático al revelar con total naturalidad que, además de haber cancelado 300 empleados y tener en plan cancelar otros 150, aumentó la nómina de su cartera de 22 a 26 millones de pesos.
Lo anterior sin contar con que, había abandonado su diputación para ser funcionaria, no sin antes dejarle su curul a su hijo.
Ciertamente, esto empaña el gobierno de Luís Abinader, quien procura realizar un gobierno transparente y alza la antorcha del cambio.
Ahora bien, es de esperarse que estos comentarios no se hicieran con mala intención, toda vez que si una cosa han reclamado los perremeistas es la cancelación de los peledeistas para acceder a puestos de trabajo que les garanticen la estabilidad laboral que no han tenido por décadas.
Asunto que ha sido, además de criticado, fuertemente demandado. Y con lo cual Castillo pueda tener razón al pregonar que eso es normal en un cambio de gobierno, “donde habían muchas personas que tenían 16-20 años sin ver a linda… porque cuando nos barrieron a todos en el 2004 nadie dijo nada”.
De todos modos, la situación complicada es en realidad que no se justifica que ante la cancelación de cerca de un cincuenta por ciento de la nómina encontrada, y planearse cancelar cerca de un 3/4, hubiese la necesidad de imponerle al erario una carga nominal de 4 millones más. Aún más, cuando el endeudamiento público incrementa a pasos agigantados.
