El presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Nelson Arroyo, anunció que se iniciaron los pasos para la modificación de la Ley General de Telecomunicaciones 153-98, que regula este servicio en el país, que tiene 23 años y debe adaptarse a los cambios en el mercado de las telecomunicaciones y a los avances tecnológicos.
Explicó que es urgente y necesario revisar y actualizar el marco legal que rige los servicios de telecomunicaciones, por lo cual está llamando a consulta pública para escuchar a todos los interesados.
“Se necesita una nueva ley para profundizar la masificación del acceso a Internet y el desarrollo de los mercados de telecomunicaciones y ecosistemas digitales nacionales, como también los niveles de competitividad del país y lograr la plena inserción en la sociedad de la información y del conocimiento”, indicó.
Expresó que el Consejo Directivo del Indotel abrió una consulta pública para tratar el documento creado bajo la asesoría del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con miras a modificar la Ley 153-98 y crear una nueva Ley de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). En el proceso, además, participaron empresas prestadoras de la industria, representantes de los usuarios, de la academia y autoridades estatales.
Arroyo resaltó que es importante reducir la desigualdad en el acceso a tecnología, es decir, alcanzar el mayor grado de acceso, conectividad y uso productivo de las TIC, lo cual permitirá al país elevar su nivel de competitividad, lo que se traduce en progreso económico e inclusión social para toda la población dominicana. “Esto porque, en definitiva, un marco regulatorio sólido en materia de tecnologías de la información genera un ambiente propicio para la inversión nacional y extranjera que redunda en avance económico para toda la nación”, dijo.
Anteproyecto de ley. El borrador debe ser consensuado con todos los sectores para elaborar un anteproyecto de ley que contemple la actualización y modernización de la normativa y alcance de sus disposiciones, considerando la evolución tecnológica y del mercado que caracteriza la instalación y operación de las redes y la prestación de los servicios tecnológicos.
Así como la incorporación de conceptos y elementos estratégicos en el marco legal como consecuencia de esa evolución, y la revisión de mejores prácticas y tendencias legales en Latinoamérica y el Caribe; también, el fortalecimiento de los instrumentos asociados a la definición de políticas públicas, la regulación y la inspección, control y vigilancia sectorial.
