El reciente derrumbe del tanque de almacenamiento de agua de INAPA en un municipio de la provincia San Pedro de Macorís dejó al descubierto una falla estructural que va mucho más allá de lo técnico: evidenció cómo la falta de planificación, el descuido prolongado y la ausencia de una supervisión rigurosa pueden convertir una obra pública en un riesgo latente para toda una comunidad.
Lo que ocurrió no fue un hecho aislado ni un accidente fortuito. La infraestructura tenía décadas funcionando y, como cualquier estructura de esa antigüedad, requería estudios periódicos, evaluaciones profundas y una estrategia clara de mantenimiento. Sin embargo, la realidad mostró lo contrario: un tanque antiguo, intervenido sin una revisión total de sus condiciones reales, terminó fallando de manera catastrófica.
El resultado fue doloroso: hogares destruidos, familias afectadas, personas heridas y un enorme impacto emocional y económico. Todo esto confirmando una verdad irrefutable: cuando las instituciones no planifican, la sociedad paga las consecuencias. Esperamos que cómo lo ha hecho en otros casos , que el presidente Luis Abinader tome accion contra el o los responsables de esta desgracia.
¿Qué falló realmente?
La respuesta no es simple, pero sí evidente:
- No hubo una evaluación estructural completa antes de trabajar sobre una instalación con más de 40 años de uso.
- Las intervenciones no tomaron en cuenta la vida útil del tanque ni la necesidad de reemplazar componentes desgastados.
- Hubo una visión fragmentada, donde se actuó sobre la parte visible de la infraestructura sin integrar esfuerzos de supervisión, diagnóstico y seguimiento.
- Faltaron protocolos de mantenimiento preventivo, esenciales en obras que almacenan grandes volúmenes de agua y que están ubicadas cerca de viviendas.
Estas omisiones, sumadas, generaron las condiciones para que ocurriera exactamente lo que nunca debió pasar.
Lecciones para todas nuestras instituciones
Este hecho debe convertirse en un punto de inflexión, no solo para la entidad involucrada, sino para todas las instituciones públicas y también privadas del país. Las siguientes reflexiones deben asumirse con urgencia:
- Ninguna obra debe intervenirse sin estudios previos, completos y actualizados.
- La modernización requiere revisar lo existente, no sólo añadir lo nuevo.
- El mantenimiento preventivo es tan importante como la inversión inicial.
- Toda estructura antigua necesita auditorías periódicas, sobre todo si está en uso intensivo.
- La supervisión debe ser técnica, independiente y transparente.
- Las comunidades deben estar protegidas con planes de contingencia reales, no teóricos.
- La prevención es más barata que la reconstrucción, siempre.
- La rendición de cuentas es clave para evitar que estas situaciones se repitan.
- La seguridad del ciudadano debe ser el eje de toda decisión administrativa.
- Aprender de los errores institucionales es una obligación, no una opción.
Este caso debe estudiarse, documentarse y convertirse en un ejemplo vivo para que otros organismos revisen sus infraestructuras, evalúen sus procesos y fortalezcan sus protocolos de prevención.
No se trata de señalar culpables ni de politizar un dolor que afectó a familias reales. Se trata de mirar de frente lo ocurrido y admitir que la falta de planificación y supervisión puede transformar una obra pública en una amenaza.
El portal Nuestras Instituciones Públicas hace un llamado a revisar, corregir y actuar. La ciudadanía merece instituciones que piensen antes de construir, que evalúen antes de intervenir y que supervisen antes de inaugurar. Es hora de romper con la improvisación.
Lo sucedido debe ser una advertencia y, al mismo tiempo, una oportunidad para elevar la calidad de nuestra gestión pública. Si aprendemos la lección, evitamos otra tragedia. Si la ignoramos, multiplicamos el riesgo.
El país necesita instituciones responsables, previsivas y comprometidas. La prevención no es un lujo: es una obligación con la gente.
