La Figura Municipalista del Año pone el foco donde debe ser : menos miedo administrativo, más gestión responsable, transparencia y desarrollo territorial
Cuando un país quiere modernizarse de verdad, no empieza por el discurso: empieza por hacer que el Estado funcione en la calle. Y ahí, donde el ciudadano mide la eficacia pública sin teorías —en la recogida de basura, el orden urbano, el mantenimiento de espacios públicos, la iluminación, el drenaje, la respuesta inmediata del ayuntamiento— la municipalidad no puede operar con frenos que la condenen a la inmovilidad. Por eso, la declaración de Víctor D’Aza, presidente de la Liga Municipal Dominicana (LMD), tras la aprobación en el Senado del proyecto que readecúa el destino de los fondos de los gobiernos locales, merece atención nacional: porque es una voz técnica con autoridad territorial y responsabilidad institucional.
D’Aza, reconocido por este portal como Figura Municipalista del Año, saludó la aprobación como un paso decisivo hacia la modernización del Estado y el fortalecimiento de la descentralización, y fue directo al punto: las restricciones previas no solo eran un debate jurídico; eran un freno real a la capacidad mínima de los gobiernos locales para cumplir con sus atribuciones en los territorios.
Su frase marca el tono del momento: “Esta reforma no es una carta abierta, es una herramienta de eficiencia.” Con esa línea, D’Aza desmonta una narrativa peligrosa: la idea de que toda flexibilización es permisividad. No. Lo que se propone aquí es pasar de un modelo de miedo a un modelo de gestión responsable, sin impunidad.
Y aquí está el núcleo de su planteamiento: la República Dominicana ya dispone de un marco penal robusto para proteger el patrimonio público. D’Aza lo subraya con claridad: los delitos contra el patrimonio público siguen plenamente vigentes, pero se corrige una distorsión que pretendía castigar con prisión discrepancias técnicas en la ejecución presupuestaria. En otras palabras: se devuelve al derecho administrativo lo que corresponde al derecho administrativo, y se mantiene intacto el régimen penal donde verdaderamente aplica. Eso no debilita la transparencia; la ordena. Y un Estado que ordena sus sanciones también ordena su gestión.
En este editorial, lo decimos sin rodeos: criminalizar la administración por diferencias técnicas no crea mejores servicios; crea funcionarios paralizados. Y un funcionario paralizado es el peor enemigo del ciudadano, porque mientras el servidor público tiembla, la basura se acumula, los parques se deterioran, las calles se rompen y el barrio se queda esperando. D’Aza lo interpreta como lo que es: una reforma para destrabar la ejecución y hacer que el dinero público se traduzca en obras y bienestar, bajo reglas claras y consecuencias administrativas inmediatas. Su advertencia no es menor: el que no cumpla con la correcta aplicación de los recursos enfrentará destitución administrativa y una sanción política y funcional inmediata. Eso es control real, no retórica.
Hay otro punto que vuelve esta declaración especialmente relevante y novedosa: la autonomía en el uso de los ingresos propios. D’Aza destaca algo esencial para la salud financiera municipal: por primera vez se reconoce formalmente que los arbitrios recaudados localmente pueden especializarse según la realidad de cada demarcación. Traducido a lenguaje ciudadano: el municipio que se organiza, cobra mejor y administra mejor, puede planificar y resolver mejor. Eso incentiva eficiencia, premia la buena gestión y empuja a los cabildos hacia una cultura de resultados.
El compromiso que cierra su postura es el que separa una reforma seria de un simple anuncio: acompañamiento técnico y vigilancia de la inversión. D’Aza reafirma que el 25% destinado a inversión debe ser sagrado y ejecutarse bajo el estricto cumplimiento del Presupuesto Participativo, para garantizar que el dinero llegue al bienestar de la gente.Eso lo dice el hombre que por primera vez implementó el presupuesto participativo en la República Dominicana.
Ese énfasis conecta con lo que este portal defiende: transparencia no es solo auditar; es hacer que cada peso se vea en la vida diaria.
En este editorial del portal oficial en reconocer las acciones de las instituciones públicas y de sus funcionarios opina finalmente que en tiempos donde muchos opinan desde la comodidad, Víctor D’Aza habla desde el territorio y la técnica. Y cuando la municipalidad se mueve con reglas claras, sanciones correctas y enfoque en servicios, no gana un funcionario: gana la gente. Esta reforma —si se implementa con rigor— puede marcar el inicio de una nueva etapa: menos parálisis, más gestión; menos miedo, más eficiencia; menos excusas, más obras.
