En un escenario dominicano plagado de promesas agrícolas y campañas públicas, las declaraciones recientes del senador de la provincia Duarte, Franklin Romero, sobre algunas cosas a superar en determinadas ayudas en los programas de auxilios agrícolas luego de la tormenta, han encendido una alarma ciudadana. Su advertencia refleja que es hora de que la política rinda cuentas y que llega en un momento crucial.
Romero denunció que muchos recursos destinados a productores y medianos agricultores afectados con la pasada tormenta, se han desviado o gestionado sin la vigilancia requerida, lo que compromete a uno de los sectores más sensibles de la economía nacional. Sus palabras, recogidas en diversos medios, hacen eco de una preocupante realidad: la agricultura dominicana —base de muchas comunidades rurales— exige transparencia, eficiencia y compromiso.
Pero no es la primera vez que el senador llama la atención. En 2020, Romero se registró como el primero en ofrecerse a someter su declaración jurada y votar a favor de que se investigara el patrimonio de los senadores del PRM. También el año pasado negó públicamente mal uso de los llamados fondos del “barrilito” en su oficina senatorial. Estas acciones muestran un patrón que va más allá del momento: un legislador que insiste en exhibir su rendición de cuentas.
En ese sentido, sus recientes denuncias agrícolas pueden entenderse como una culminación de esa línea: la política debe mostrar resultados tangibles, y no quedarse en la retórica. El senador Romero hace este llamado como representante de los que no tienen acceso, de los que producen la tierra y esperan que ese esfuerzo se reconozca.
Este editorial no pretende un homenaje complaciente, sino un reconocimiento razonado: cuando un político denuncia irregularidades en su propio campo territorial —y lo hace públicamente— no es un acto común. En un sistema donde la rendición de cuentas muchas veces queda en los titulares y no en las oficinas, la voz de Romero destaca.
Sin embargo, quedan preguntas que el país debe hacerse: ¿se traducirán sus denuncias en investigaciones concretas? ¿Las instituciones responderán? ¿Los agricultores verán mejoras reales? Romero parece tener los datos y la voluntad de denunciar. ¿Tendrá también la atención del poder para que esas denuncias deriven en correcciones profundas?
La agricultura dominicana no puede depender sólo de buenas intenciones. Necesita transparencia en la asignación de fondos, vigilancia ciudadana y políticas de largo plazo. Cuando un senador de una de las provincias agrícolas más importantes habla de fraude se le debe escuchar.
Franklin Romero ha dado un paso que muchos colegas evitan. Frente a lo fácil —no incomodar—, él ha optado por confrontar. Eso le da mérito. Pero no basta. El verdadero test estará en lo que viene. Y nosotros, ciudadanos, debemos exigir que esa voz se convierta en hechos. Porque el país que producimos merece política que no esté “de lujo”, pero sí esté al servicio del pueblo.
