En la República Dominicana estamos viviendo una realidad que muchos padres, maestros y orientadores conocen de primera mano: la niñez y la adolescencia ya no crecen solo en el aula y en la casa; crecen también en el celular. Y cuando una sociedad no asume esa verdad con seriedad, termina pagando el precio en disciplina, salud emocional, rendimiento académico y convivencia. Por eso, desde Nuestras Instituciones Públicas (NIP) el portal privado oficial para informar, analizar y reconocer las acciones de las instituciones públicas y de sus funcionarios saludamos y felicitamos la declaración del director ejecutivo del IDEICE, Jesús Andújar Avilés, al llamar a que se cree un plan de regulación del uso de redes sociales en menores de 16 años y a que desde las aulas se implementen cursos o talleres para enseñar un uso adecuado de esas plataformas.
Esta postura tiene un valor especial por dos razones. Primero, porque no es el típico discurso de “prohibir por prohibir”. Andújar no plantea apagar la tecnología, plantea educarla: regular para proteger, y formar para aprovechar lo bueno. En sus palabras, la escuela puede convertirse en el escenario donde los niños aprendan el uso correcto de cada red social, de acuerdo con necesidades educativas. Eso es liderazgo institucional: entender que el problema no se resuelve ignorándolo, sino dándole estructura, guía y propósito.
Segundo, porque esta llamada llega en un contexto donde el sistema educativo enfrenta desafíos reales y medibles, como el abandono y la deserción escolar. El propio Andújar, al referirse a indicadores del Ministerio de Educación, cita cifras de abandono y su variación reciente, y advierte sobre lo que significa perder un estudiante: perder una oportunidad de país. Ese vínculo entre permanencia escolar y entorno digital es clave. Hoy, el mal uso de redes puede convertirse en un acelerador de problemas: distracción crónica, exposición a contenidos inadecuados, presión social, ciberacoso y un desgaste emocional silencioso que termina reflejándose en el aula.
Lo más importante es el mensaje de fondo: regular no es censurar; regular es proteger. Y en temas de menores, proteger es una obligación moral, educativa y constitucional. No es casual que la conversación pública vaya en esa dirección y que sectores como la ADP también hayan planteado la necesidad de regular el acceso en el entorno educativo, priorizando la protección de los menores.
Desde NIP, este editorial no solo felicita: también empuja. Porque una declaración valiente debe convertirse en acción concreta. El país necesita una hoja de ruta donde participen MINERD, familias, expertos en salud mental, legisladores y el ecosistema escolar completo. Y necesita, sobre todo, que las aulas formen ciudadanos digitales: niños capaces de usar redes sin ser usados por ellas.
Jesús Andújar ha dicho lo que muchos piensan y pocos se atreven a colocar en la agenda con claridad. Por eso, nuestro reconocimiento: por defender la educación donde hoy también se juega una parte del futuro—en la pantalla, en la mente y en la conducta de nuestros estudiantes.
