La República Dominicana estrena una pieza institucional largamente esperada: un Ministerio de Justicia con funciones claras y una misión delicada. Por eso, corresponde felicitar —con sentido de Estado— al doctor Antoliano Peralta Romero, designado ministro de Justicia mediante el Decreto núm. 1-26, emitido este lunes 5 de enero de 2026 por el presidente Luis Abinader.
Para el portal oficial en informar y reconocer las acciones de las instituciones públicas y de sus funcionarios este nombramiento no es un simple cambio de gabinete. Es una señal de que el Gobierno quiere organizar y descargar responsabilidades que, por años, han estado dispersas o sobrecargadas en otras instancias. La propia legislación que crea el ministerio —la Ley 80-25— establece que, una vez designado su titular, la institución tiene un plazo máximo de 12 meses para entrar formalmente en funcionamiento. En otras palabras: hoy se abre el reloj del reto.
¿Y por qué Antoliano Peralta? Porque el perfil que se necesita para inaugurar una estructura así no es el del “político de micrófono”, sino el del jurista de método, el arquitecto de normas, el administrador del detalle, el hombre capaz de traducir la ley en operación pública real. Peralta llega con una trayectoria reconocida: es doctor en Derecho por la UASD, con máster en Derecho Administrativo y Gestión Municipal por la Universidad de Castilla-La Mancha (España), y una carrera como abogado litigante y consultor, con especialidad en materia electoral.
Además, no hablamos de un técnico aislado. Su hoja de vida incluye responsabilidades gremiales (como vicepresidente del Colegio de Abogados y secretario general de ADOMA), producción intelectual (autor y coautor de obras jurídicas), docencia universitaria y participación como capacitador en instituciones vinculadas al Estado de derecho. Todo eso importa porque el Ministerio de Justicia no será una “oficina más”: será un engranaje de coordinación y administración de funciones sensibles.
Según lo reportado sobre la nueva cartera, el ministerio tendrá el objetivo de asumir funciones administrativas del sistema judicial, descargando al Ministerio Público y a la Procuraduría General de tareas que no deberían frenar la persecución penal. Entre responsabilidades citadas están la gestión penitenciaria, el auxilio científico forense, y el registro y certificación de documentos oficiales y notariales. En debates previos sobre el tema, Peralta también había señalado roles como la coordinación del sistema penitenciario y asuntos registrales, dentro del marco institucional planteado para el ministerio.
Ahora, la felicitación debe venir con una expectativa ciudadana clara: hacer que el Ministerio nazca útil, no simbólico. Montar estructura, transferir competencias, blindar procedimientos, profesionalizar equipos y asegurar transparencia. Peralta ya conoce ese terreno: fue coordinador de la implementación de la propia Ley 80-25 y ha representado al país en espacios internacionales de discusión sobre acceso a la justicia y confianza institucional.
Antoliano Peralta no es un funcionario “de masas”; su reconocimiento suele concentrarse más en círculos jurídicos e institucionales. Aun así, hay señales de buena valoración pública en mediciones anteriores: una nota de 2021 citó una encuesta (muestra de 600 personas en Gran Santo Domingo y Santiago) donde se le ubicaba entre funcionarios mejor valorados, con puntuación 6.1. Es un dato viejo, sí, pero sugiere una percepción más asociada a seriedad y competencia que a controversia.
Desde Nuestras Instituciones Públicas, el mensaje es directo: felicidades, ministro. Y a la vez, una invitación a que este Ministerio de Justicia nazca con lo que el país exige: orden, resultados medibles, respeto a la ley y una gestión que eleve la confianza ciudadana. Porque cuando la justicia se organiza, la República gana.
