Reforma policial enfrenta riesgo de perimir en el Senado tras siete meses de retrasos
Santo Domingo. La reforma estructural de la Policía Nacional, considerada una de las principales apuestas institucionales del Gobierno desde el año 2021, atraviesa uno de sus momentos más críticos en el Congreso Nacional. A poco más de un mes para que concluya la actual legislatura ordinaria, el proyecto de ley que busca transformar el cuerpo del orden permanece estancado en una comisión especial del Senado, sin que hasta la fecha exista un informe favorable que permita su conocimiento en el hemiciclo.
La iniciativa fue depositada el 8 de diciembre de 2025 con el propósito de establecer una nueva estructura organizativa, fortalecer los mecanismos de supervisión interna, modernizar la carrera policial y adecuar el funcionamiento de la institución a estándares internacionales de seguridad ciudadana y respeto a los derechos humanos. Sin embargo, siete meses después, el proyecto continúa acumulando observaciones, propuestas de modificación y consultas técnicas que han ralentizado significativamente su avance legislativo.
La situación contrasta con la rapidez exhibida recientemente por el Congreso para aprobar otras iniciativas impulsadas por el Poder Ejecutivo, como el plan fiscal, que logró completar todo el proceso legislativo en menos de una semana. En el caso de la reforma policial, los procedimientos internos, revisiones jurídicas y debates entre legisladores han prolongado la discusión hasta colocar la pieza al borde de la caducidad.
Fuentes legislativas consultadas indican que la comisión especial encargada de estudiar el proyecto mantiene reuniones periódicas, pero todavía persisten diferencias sobre diversos aspectos relacionados con la estructura de mando, los mecanismos disciplinarios y el alcance de las nuevas atribuciones contempladas en la propuesta. A ello se suman solicitudes de opinión de distintos sectores vinculados a la seguridad pública y la necesidad de consensuar cambios planteados por los propios senadores.
El desafío es eminentemente temporal. La legislatura ordinaria concluye el próximo 26 de julio y, de no ser aprobada por ambas cámaras antes de esa fecha, la iniciativa perimiría automáticamente. Esto implicaría reiniciar todo el procedimiento legislativo, desde su depósito hasta las discusiones en comisión, retrasando nuevamente una reforma que ha sido presentada por el Gobierno como una prioridad nacional.
Analistas consultados consideran que la eventual caducidad del proyecto enviaría una señal contradictoria sobre el ritmo de ejecución de una de las transformaciones institucionales más anunciadas en los últimos años. Desde el lanzamiento del proceso de reforma policial, las autoridades han insistido en la necesidad de modernizar la institución para recuperar la confianza ciudadana, mejorar la profesionalización de los agentes y fortalecer la lucha contra la criminalidad.
Mientras el calendario legislativo avanza, el proyecto permanece en una etapa decisiva. La posibilidad de que la pieza no complete su recorrido congresual antes del cierre de la legislatura coloca bajo presión tanto a la comisión especial como a los liderazgos políticos que han respaldado públicamente la reforma. El futuro de una de las iniciativas más emblemáticas del proceso de transformación institucional del país dependerá ahora de la capacidad del Congreso para acelerar los consensos y evitar que el proyecto vuelva al punto de partida.
