Con el respaldo de 103 legisladores, una nueva propuesta legislativa busca establecer un cuerpo élite que enfrente los delitos migratorios y la trata de personas. La unidad operaría con jurisdicción nacional, bajo directrices del Ministerio de Seguridad, y tendría la capacidad de actuar en zonas fronterizas, terminales de transporte y centros urbanos estratégicos.
El texto legislativo destaca la urgencia de enfrentar a redes de trata que utilizan rutas migratorias para explotar a personas vulnerables. No obstante, defensores de derechos humanos exigen que el diseño de esta fuerza incluya salvaguardas claras para no vulnerar los derechos de los migrantes, solicitantes de asilo o refugiados. El debate promete ser amplio, pues el tema toca fibras sensibles como la seguridad nacional, la protección de víctimas y el respeto a los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
