La fabricación, distribución y consumo de bebidas alcohólicas adulteradas, que ha provocado una oleada de muertes e intoxicaciones, constituye la “nueva” alarma epidemiológica nacional.
Solo en este fin de semana cobró la vida de 8 personas en Santo Domingo Este, sumándose a los 74 fallecidos a causa de bebidas alcohólicas adulteradas y falsificadas, y a un total de 172 intoxicados por la ingesta de metanol, notificados en diversos centros médicos del país.
Sin embargo, este brote de intoxicación por metanol, alcohol no bebible que se suele usar en bebidas ilegales, no es nuevo. En abril del año pasado involucró a la mitad de las provincias de la República dominicana, con 227 defunciones, de los 369 casos que se presentaron. Asimismo, en noviembre del mismo 2020, el Ministerio de Salud Pública registró un brote en el municipio Santo Domingo Este por intoxicación al ingerir bebidas alcohólicas ilegales, donde al menos seis personas murieron.
Pero, no solo se tiene constancia de brotes por intoxicaciones por metanol en la República Dominicana en 2020 y en lo que va de 2021, sino en otros años como son 2019, específicamente en diciembre, con cuatro intoxicaciones y dos muertes; en 2017, también en el último mes, con 41 se intoxicaron y 11 fallecieron.
De ahí que, sorprende que a pesar de la recurrencia de los brotes de muertes e intoxicaciones producidos la fabricación y comercialización de bebidas adulteradas, aún este acto criminal no se encuentre penalizado en el Código Penal. A penas es que la Comisión de Justicia está considerando incluirla en la pieza legislativa.
Mientras tanto, Santiago encabeza la lista del mayor número de fallecidos por la ingesta de alcohol adulterado con 29, seguido por el Distrito Nacional con 14. Mientras que Puerto Plata y Espaillat con uno y dos casos, respectivamente.
En tanto que, las provincias del norte y nordeste siguen incidiendo en el número de muertes e intoxicados por el consumo de alcohol falsificado. Samaná, Espaillat, Montecristi, Valverde, Santiago Rodríguez, Puerto Plata, y Montecristi, siguen presentándose casos.
Esta situación pone en una seria situación complicada al país y las autoridades, tanto de la salud, como del sistema de justicia y sus legisladores, debido a la falta de voluntad política exhibida para la erradicación de este tipo de acto delictivo que aún no se considera un tipo penal autónomo, con una sanción drástica e inexcusable.
