SANTO DOMINGO.- Los abogados defensores de los siete favorecidos con archivos definitivos en el caso Odebrecht han insistido durante toda la audiencia de este lunes en la ilegalidad de la Fundación Alianza Ciudadana para objetar el recurso dictado por el Ministerio Público cuando el exprocurador Jean Alain Rodríguez tenía el mando del proceso.
Los abogados han basado sus argumentos en las presuntas nulas certificaciones de Alianza Ciudadana que, según alegan, no existen en ninguna institución que pueda avalar la constancia de la Fundación.
En especifico, la defensa de Radhamés Segura, uno de los señalados en el caso, expresó que “el objetivo de la Fundación es sólo defenderse” porque, según afirmó, recientemente depositaron ante el Tribunal certificaciones a nombre de la Fundación Alianza Ciudadana para la defensa de los derechos humanos, cuando la que había objetado los archivos definitivos era Fundación Alianza Ciudadana Incorporada.
Es por esto que las defensas de los siete favorecidos en el caso Odebrecht sostienen sus pedimentos de anular el juicio por la supuesta nulidad e ilegalidad de la Fundación.
Ante esto, la abogada Evelyn Torres, representante de la institución y objetante de los archivos definitivos, replicó a la prensa que la Fundación Alianza Ciudadana sí existe y que cuenta con avales y certificaciones “que pueden confirmar la realidad de los hechos”.
Agregó que la Fundación tiene domicilio, legalidad y está constituida y sustentada en todas las instituciones pertinentes para poder objetar decisiones jurídicas.
Fue precisamente esta fundación la que objetó los archivos definitivos firmados por el exprocurador por considerarlos ilegitimos, ilegales e improcedentes y, producto de esto, depositaron ante el Palacio de Justicia el pedimento de que los siete favorecidos sean reintegrados al juicio del caso Odebrecht.
Los archivos definitivos se efectuaron en favor del actual presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, Radhamés Segura, Temístocles Montás, Ruddy González, el exsenador Julio César Valentín, Máximo D’Oleo y Bernardo Castellanos.
Cuando se reaperturó el juicio por el caso Odebrecht, el magistrado Camacho, titular de la Procuraduría Especializada para la Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) denunció que los archivos definitivos presentaban “ciertas irregularidades” y que, por tanto, debían investigarse a profundidad.
