Cumpliendo con lo prometido por su esposa, Raquel Arbaje, antes de ganar la presidencia, mediante el decreto 368-20, el presidente Luis Abinader disolvió el Despacho de la Primera Dama.
Arbaje había revelado que el Despacho de la Primera Dama tenía una nómina de 600 empleados y que se conformaba con una oficina modesta. Pero que los empleados serían reubicados en las instituciones donde se ejecutarán los programas.
En este sentido, reciéntenme informó, a través de su cuenta de Twitter, que cumpliría la promesa que hizo durante el tiempo que su esposo estaba en campaña, y que se pasaría a una oficina más pequeña.
“Nuestro proyecto de acompañamiento a las familias más vulnerables del país se ejecutará en una oficina más pequeña desde donde realizaremos la gran labor de asistir a nuestra población más vulnerable en las bases del respeto y dignidad. Con Dios R.D!
Por tal motivo, la disposición presidencial también creó la Comisión Evaluadora de los diferentes programas del Despacho de la Primera Dama, la cual será designada por el Ministerio de la Presidencia, quien la coordina, y cuya función será la evaluación y reasignación de todos los programas y servicios administrados por dicho despacho a instituciones afines a sus objetivos.
Al materializarse la disolución del Despacho de las Primera Dama, se deroga el decreto decreto 741-00 que creó dicha institución durante el gobierno de Hipólito Mejía, el 10 de septiembre de 201.
Vale reseñar que, la primera responsable de la dirección del Despacho fue Doña Rosa de Domínguez, esposa del expresidente Mejía; le sucedió Margarita Cedeño, la esposa de Leonel Fernández, cuando este fue presidente durante el periodo 2004-2012; finalmente doña Cándida Montilla de Medina, durante el periodo gubernamental de Danilo Medina 2012-2020.
El decreto 368-20 dado por Abinader también transfirió el Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID) al Ministerio de Salud Pública, quedando sus funciones, atribuciones y dirección a cargo de un consejo integrado por representantes del gobierno y de la sociedad civil, designados por el Presidente de la República y quienes ejercerán su función de manera honorífica.
Conforme a la normativa vigente, en relación al presupuesto, ingreso y gasto público, la comisión de evaluación determinará la redistribución de los montos que resulten de la eliminación, sustitución y reasignación de los programas y servicios que ofrecía dicho ente, los cuales serán destinados al sistema de salud pública y a las organizaciones no gubernamentales dedicadas a objetivos afines a dichos programas y servicios.
Asimismo, la disposición del Poder Ejecutivo, deroga el decreto 741-00, de fecha 10 de septiembre de 2000, y las normas que lo desarrollen y complementen.
