La procuradora general de la República llama a los estudiantes a conocer sus derechos, respetar la Constitución y rechazar el acoso escolar; el desafío es convertir la advertencia legal en una cultura de prevención y convivencia.
SANTO DOMINGO OESTE.– La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, puso sobre la mesa uno de los desafíos que enfrenta la convivencia escolar en la República Dominicana al advertir a estudiantes del liceo Matías Ramón Mella, en el sector Las Palmas de Herrera, sobre las consecuencias legales del acoso escolar o bullying, incluida la posibilidad de sanciones para adolescentes conforme al marco jurídico aplicable.
Durante un encuentro educativo con los alumnos del centro, Reynoso insistió en la necesidad de conocer y respetar la Constitución, cultivar valores como la solidaridad y rechazar cualquier manifestación de discriminación, intimidación o violencia entre compañeros.
“Ahora el bullying también es delito. Y si alguien es menor, pero tiene más de 13 años, menos de 18, puede ir a la cárcel por cometer un bullying; por discriminar se puede ir a la cárcel”, expresó la titular del Ministerio Público, según informaciones difundidas sobre la actividad.
La declaración coloca la prevención del acoso escolar en una dimensión que va más allá de la disciplina dentro de los planteles: el respeto a la dignidad humana, la protección de los derechos de los estudiantes y la responsabilidad que puede derivarse de determinadas conductas.
Yeni Berenice Reynoso: prevención, educación y responsabilidad
La intervención de Reynoso buscó acercar a los jóvenes al conocimiento de las leyes y al papel que desempeña el Ministerio Público en la sociedad. Durante la jornada, también explicó las funciones de los fiscales y de la procuradora general, con el propósito de que los estudiantes comprendan mejor las instituciones encargadas de procurar justicia.
La funcionaria exhortó a los alumnos a estudiar, leer, participar en organizaciones sociales y promover iniciativas que contribuyan a mejorar sus aulas, sus familias y sus comunidades.
El mensaje central fue que el ejercicio de los derechos debe estar acompañado del cumplimiento de los deberes, el respeto a los demás y la responsabilidad individual.
Sin embargo, desde una perspectiva investigativa, la advertencia sobre las consecuencias legales abre una cuestión fundamental: ¿cómo garantizar que los estudiantes conozcan las normas, identifiquen las situaciones de acoso y sepan dónde acudir cuando sean víctimas o testigos?
La respuesta requiere más que una advertencia. Supone educación ciudadana, orientación oportuna, participación de las familias, protocolos escolares y mecanismos eficaces para recibir y atender denuncias.
El bullying: un problema que exige respuestas concretas
El acoso escolar puede manifestarse mediante agresiones físicas o verbales, humillaciones reiteradas, amenazas, exclusión deliberada y hostigamiento a través de medios digitales. Cuando estas conductas afectan a niños y adolescentes, las consecuencias pueden trascender el aula e incidir en su bienestar, sus relaciones sociales y su experiencia educativa.
Por ello, el planteamiento de Reynoso adquiere relevancia al vincular la convivencia escolar con el conocimiento de la ley. No obstante, para evaluar la magnitud del problema en los centros educativos dominicanos hacen falta datos verificables sobre denuncias, modalidades de acoso, respuestas institucionales y resultados de las medidas de prevención.
La información difundida sobre el conversatorio no ofrece estadísticas nacionales ni resultados de una evaluación específica del liceo Matías Ramón Mella. En consecuencia, no permite establecer cuántos estudiantes han sido afectados por estas conductas ni medir la incidencia del problema en ese plantel.
Esta distinción es importante para evitar conclusiones que no estén respaldadas por evidencias y para orientar futuras investigaciones hacia información que permita dimensionar el fenómeno.
Las consecuencias legales requieren precisión
Al advertir sobre posibles sanciones, la procuradora destacó la importancia de que los jóvenes comprendan que sus acciones pueden tener consecuencias. Sin embargo, la aplicación de la ley exige examinar cada conducta, las circunstancias del caso y las disposiciones legales correspondientes.
La responsabilidad penal de los adolescentes no debe interpretarse automáticamente como una condena de prisión por cualquier conflicto, discusión o incidente entre estudiantes. Es necesario determinar si los hechos encajan en una conducta tipificada, qué régimen jurídico resulta aplicable y cuáles garantías corresponden a la persona involucrada.
La República Dominicana cuenta con la Ley núm. 136-03, que establece el sistema de protección y los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes. Asimismo, la Ley núm. 74-25 instituyó el nuevo Código Penal, cuya versión consolidada fue publicada por la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo en agosto de 2026, incorporando las modificaciones de la Ley núm. 44-26.
Por tanto, cualquier explicación pública sobre las consecuencias penales del acoso escolar debe distinguir entre la existencia de una conducta sancionable, las condiciones de responsabilidad y las medidas que legalmente pueden imponerse. La advertencia preventiva no sustituye el análisis jurídico de cada caso.
El reto institucional: pasar del mensaje a la prevención
La jornada encabezada por Yeni Berenice Reynoso pone de relieve la importancia de acercar las instituciones de justicia a las comunidades educativas. Pero el alcance de este tipo de iniciativas debe valorarse también por su continuidad y por la capacidad de traducir las orientaciones en mecanismos de protección efectivos.
Entre los aspectos que merecen seguimiento están la orientación de docentes y estudiantes, la existencia de canales confidenciales para denunciar el acoso, la atención a las víctimas, el acompañamiento a las familias y la intervención educativa con quienes incurran en conductas de hostigamiento.
También resulta relevante examinar cómo se coordinan las autoridades educativas y las instituciones de protección de la niñez para prevenir la discriminación y responder a los casos que requieran intervención especializada.
El objetivo no debe limitarse a advertir que el acoso puede tener consecuencias legales. También debe garantizarse que los estudiantes sepan reconocerlo, denunciarlo sin temor y recibir protección frente a posibles represalias.
Conclusión: conocer la ley para proteger la convivencia
El conversatorio de la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, en el liceo Matías Ramón Mella constituye una oportunidad para colocar el respeto, la dignidad humana y la prevención del bullying en el centro de la conversación educativa.
Su mensaje plantea una responsabilidad compartida entre estudiantes, familias, docentes y autoridades: construir entornos donde las diferencias no se conviertan en motivo de humillación o violencia.
El seguimiento de estas iniciativas, acompañado de datos, protocolos y resultados verificables, permitirá determinar hasta qué punto la orientación jurídica se traduce en una protección efectiva para la comunidad estudiantil.
Porque combatir el acoso escolar exige tanto el cumplimiento de la ley como una cultura de respeto capaz de prevenir la violencia antes de que produzca daños mayores.
