La fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, defendió este jueves la acumulación de condenas establecida en el nuevo Código Penal, al considerar que permitirá imponer sanciones más proporcionales a los delitos, especialmente en aquellos casos en los que las penas contempladas en la legislación anterior resultaban insuficientes.
Durante su evaluación ante el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), como aspirante a jueza de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Ramos sostuvo que el cúmulo de penas representa uno de los principales cambios de la normativa, al ofrecer mayores posibilidades de solicitar condenas acordes con la gravedad de los hechos.
Con el cúmulo de penas, ya nosotros podemos acercar a la realidad del delito cometido, poder pedir la sanción correspondiente”, expresó.
La representante del Ministerio Público explicó que el anterior Código Penal, con 141 años de vigencia, presentaba limitaciones para sancionar determinadas conductas delictivas, debido a que algunas infracciones tenían castigos que consideró demasiado leves.
A veces teníamos delitos muy importantes, con penas muy irrisorias”, manifestó.
Como ejemplo, mencionó el caso de Yocairi Amarante, víctima de un ataque con el denominado ácido del diablo, ordenado por su expareja. A juicio de Ramos, los 30 años de prisión impuestos por ese hecho no reflejaban completamente la gravedad de las lesiones y sus consecuencias para la joven.
Rechaza conciliaciones en violencia de género
Otro de los temas abordados por la fiscal durante su entrevista fue la aplicación de acuerdos judiciales y mecanismos de conciliación, especialmente cuando se trata de hechos relacionados con violencia de género.
Ramos reconoció que estos procedimientos pueden contribuir a agilizar los procesos y disminuir los gastos del sistema de justicia. Sin embargo, advirtió que deben utilizarse con cautela para evitar que sean interpretados como una forma de impunidad.
Lamentablemente, en el país, la conciliación muchas veces es vista como impunidad”, señaló.
Explicó que la Fiscalía del Distrito Nacional contempla la posibilidad de alcanzar acuerdos en diferentes etapas de los procesos penales, siempre que se evalúen las circunstancias del delito y se respete la posición de las personas afectadas.
En los casos de robo, por ejemplo, consideró fundamental obtener el consentimiento de la víctima antes de concretar cualquier acuerdo, para evitar que esta sienta que sus derechos han sido ignorados.
No obstante, precisó que debe existir un tratamiento más riguroso cuando los hechos involucran violencia grave, mutilaciones o menores de edad.
En relación con la violencia de género, Ramos manifestó su oposición a negociar con los agresores, debido a que muchas víctimas pueden encontrarse bajo presión o en condiciones de vulnerabilidad que afectan su capacidad para tomar decisiones libremente.
“En materia de violencia de género prefiero perder el caso. Prefiero no hacer ningún tipo de acuerdo”, afirmó.
La fiscal señaló que algunas mujeres, después de denunciar a sus parejas, solicitan retirar sus acusaciones o llegar a acuerdos para retomar la relación, lo que podría colocarlas nuevamente en situaciones de riesgo.
Ante esta realidad, destacó la importancia de brindar atención psicológica y acompañamiento terapéutico a las víctimas, así como ofrecer tratamiento a los agresores mediante el Centro Conductual para Hombres, con énfasis en el control de la ira y la modificación de conductas violentas.
Respalda las modificaciones al Código Penal
Durante su comparecencia, Ramos también expresó su respaldo a la nueva legislación penal, que incorpora 70 delitos y modifica el tratamiento de distintas infracciones, cambios que, según afirmó, fortalecerán las herramientas disponibles para perseguir y sancionar las conductas delictivas.
Yo aplaudo este nuevo Código Penal; he sido una defensora del mismo”, declaró.
La aspirante a la Suprema Corte de Justicia destacó que el Ministerio Público tendrá una responsabilidad esencial en la aplicación de la normativa, mediante la investigación y presentación de los expedientes ante los tribunales.
Asimismo, recordó que corresponderá a los jueces interpretar las nuevas disposiciones, decidir sobre los casos sometidos a su consideración y establecer los criterios jurisprudenciales que orientarán su aplicación.
