“Urge redefinir el debate sobre el aborto en el país, alejándolo del ámbito del delito penal y viéndolo como un servicio de salud al que tengan opción las mujeres”. Así lo consideró la Junta Directiva de Profamilia.
“Está comprobado que la criminalización del aborto no reduce su práctica y que, al contrario, lo impulsa en condiciones inseguras que ponen en riesgo la vida y la salud de las mujeres, incidiendo en las tasas de mortalidad materna” indicó el organismo rector de las políticas y normas de Profamilia.
Consideró que a dos años de mandato del Partido Revolucionario Moderno (PRM), es de esperar que tanto el Congreso dominicano, como los Ministerios de Salud Pública, Educación y el Servicio Nacional de Salud puedan trabajar a favor de leyes y políticas que respondan a las necesidades y al ejercicio de derechos de toda la ciudadanía.
Señaló que, para reducir las tasas de abortos inseguros, debe ser legalizado y reglamentado por lo menos en las tres causales y acompañar esta acción con políticas que impulsen la educación integral en sexualidad y el acceso universal a métodos anticonceptivos, así como la oferta de servicios de salud sexual y salud reproductiva de calidad.
Lamentó que, en la actualidad, la interrupción del embarazo, aun cuando la vida de la mujer corre peligro, la coloca como transgresora de las normas legales y sociales, también cuando es producto de una violación o cuando pruebas médicas concluyentes identifican malformaciones fetales incompatibles con la vida fuera del útero, como la ausencia de bóveda craneal resultando en una exencefalia, una cardiopatía estructural con fracaso cardíaco u otra enfermedad grave incurable.
Recordó la posición expresada
