La Secretaría de la Oficina Judicial del Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional ya notificó al Ministro Público la resolución de la medida de coerción dictada contra los seis implicados en el caso «Coral».
Asimismo, le fue notificada a los abogados de los imputados la decisión que tomó ayer la jueza Kenya Romero.
Entonces, ahora el Ministerio Público podrá comenzar a trasladar a cinco de los imputados, que les fue dictado prisión preventiva, en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo, en San Cristóbal.
El proceso entre la notificación y el traslado puede durar un tiempo, por lo que se espera que sea en las próximas horas que los imputados sean sacados de la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y ser llevados hacia donde indicó la jueza.
Los que tienen prisión preventiva son el mayor general Adán Cánceres Silvestre, exjefe del Cuerpo de Ayudantes Militares de la Presidencia (Cusep); la pastora Rossy Guzmán, el cabo policial Tanner Flete Guzmán, el coronel Rafael Núñez de Aza, el sargento Alejandro Montería Cruz, quienes serán llevados al Centro de Corrección y Rehabilitación de San Cristóbal.
Mientras que el mayor Raúl Alejandro Girón, quien esta colaborando con el Ministerio Público y admitió los cargos, fue trasladado ayer a un lugar secreto, donde cumplirá arresto domiciliario, impedimento de salida y vigilancia.
Con la notificación de la resolución, los respectivos abogados de los encartados comenzarán a realizar las diligencias para apelar la desicion de la jueza.
De acuerdo a las investigaciones del Ministerio Público, los implicados están acusados de estafar al Estado dominicano con más de 3,000 millones de pesos con una supuesta red que nombraba compañeros en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), los cuales no ejercían ninguna función, pero tenían que entregar el mayor porcentaje del salario a los miembros del grupo criminal.
Al grupo se le imputan los delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.
