Tanto los funcionarios salientes como entrantes deben depositar sus declaraciones juradas, hasta el 28 de septiembre, fecha limite dada por la Cámara de cuentas para estos fines.
A partir de ahí, la Cámara de Cuentas comenzará el proceso de verificación y validación de cada expediente, a través de su Oficina de Evaluación y Fiscalización. Este procesos podría tardar meses, ya que harán una comparación de las declaraciones anteriores y las actuales.
De acuerdo con el director de la entidad, Hugo Álvarez Pérez, el proceso iniciará con los funcionarios que salieron de la administración pública.
Si una fortuna es muy exagerada o si resulta sospechosa, se le solicitará al Pleno de la Cámara de Cuentas la autorización para investigar y verificar en la Superintendencia de Banco y Jurisdicción Inmobiliaria, indica el titular de la entidad.
De comprobarse que el declarante mintió en su declaración, se rendirá un informe a la Procuraduría General de la República, para que se encargue de someterlo a la justicia.
En el caso de los funcionarios entrantes, si estos mienten, la sanción consiste en retención de salarios hasta la destitución.
Se desconoce la cantidad de personas que deben depositar sus patrimonios, debido a que la Junta Central Electoral (JCE) no ha enviado las certificaciones de quienes resultaron electos en las pasadas elecciones, según indicó Álvarez Pérez.
El artículo 14 de la Ley 311-14 obliga a los funcionarios a realizar sus declaraciones dentro del plazo, el artículo 15 establece las sanciones de uno a dos años de prisión y multa de 20 a 40 salarios mínimos y el artículo 17 establece que si se comprueba falsedad el patrimonio se decomisa y pasa al Estado.Dejaron para última hora
Cientos de personas aglomeraron la oficina de la Cámara para realizar a última hora la entrega de documentos. Los agentes de seguridad tuvieron que lidiar con algunas personas que querían hacer el depósito sin hacer turno.
El tapón de personas que se armó, debido lo dejaron para última hora provocó algunas fallas técnicas en la plataforma digital. A algunos no ingresaron porque la contraseña le salía incorrecta. Eso provocó el aplazamiento para el 28 de septiembre.
“No dejen todo para última hora, que a partir de mañana saquen, vayan a la Jurisdicción Inmobiliaria, soliciten a la DGII, a los bancos, que de aquí el 28 tienen tiempo”, indicó el presidente de la Cámara.
El 27 de agosto, el presidente Luis Abinader emplazó a los funcionarios a realizar las declaraciones antes del 15 de septiembre, para no ser destituidos.
