El comercio ilícito es un tema de seguridad nacional para el Gobierno, afirmó el ministro Eduardo (Yayo) Sanz Lovatón

Al pronunciar las palabras de apertura del VI Foro “Combatiendo el Comercio Ilícito en República Dominicana”, organizado por la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) y el MICM, el funcionario afirmó que el Gobierno de Luis Abinader pasará a la historia por haber colocado este tema entre sus prioridades nacionales.

Recordó que el 16 de agosto del 2020, cuando llegó Abinader al poder, no existía una mesa público-privada para combatir el comercio ilícito y que la DGII y la DGA trabajaban cada una por su lado, tratando de cumplir con sus respectivas responsabilidades.

Explicó que, entre 2020 y la actualidad, el monto reliquidado por concepto de comercio ilícito ronda los RD$20,000 millones.

Sostuvo que la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) lleva más de 60 negocios clausurados por competencia ilícita.

Las nuevas manifestaciones de estas prácticas y las propuestas para enfrentarlas fueron abordadas con la participación de Circe Almánzar, por la Asociación Dominicana de Productores de Ron, Erick Pérez, por la Asociación Dominicana de la Industria del Cigarrillo, Patricia Mena, por la Asociación de Industrias Farmacéuticas Dominicanas, y Daniela Collado, por la Sociedad de Empresas de Combustibles y Derivados. Aileen Guzmán Coste, directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), dijo que la legislación sobre lavado de activos es instrumento para combatir el comercio ilícito.

En un segundo panel, moderado por Mario Pujols, vicepresidente ejecutivo de la AIRD, participaron Nelson Arroyo, director General de Aduanas, Pedro Urrutia, director General de Impuestos Internos y Marcos Balaguer, director de la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios, quien examinaron las novedades institucionales en esta materia.

Aboga por fortalecimiento

El presidente de la AIRD, Julio Virgilio Brache, consideró prioritario continuar fortaleciendo la coordinación entre las autoridades, la colaboración técnica con los sectores productivos y los mecanismos de seguimiento para enfrentar el comercio ilícito, al tiempo que afirmó que combatir estas prácticas constituye una responsabilidad compartida y una condición indispensable para el desarrollo económico y social del país.

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