
La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) declaró este lunes la nulidad de 25 adjudicaciones realizadas en el marco del proceso de licitación pública, para la confección y adquisición de zapatos escolares destinados a centros educativos públicos. durante los períodos escolares 2025-2026 y 2026-2027.
Se trata del proceso núm. INABIE-CCC-LPN-2024-0012, iniciado el 11 de septiembre de 2024, el cual recibió 172 ofertas y culminó con la adjudicación a 101 proveedores, de los cuales, 31 contratos presentaron deficiencias y vicios de procedimiento que afectan su validez.
Los resultados de la investigación de oficio llevada a cabo por el órgano rector y documentados en la resolución RIC-0106-2025 INABIE concluyeron que el Comité de Compras y Contrataciones del INABIE incurrió en actuaciones contrarias a los principios de transparencia, igualdad y libre competencia establecidos en la Ley Núm. 340-06 y sus modificaciones.
Entre los hallazgos identificados figuran los siguientes:
– Evaluación técnica y económica cuestionada: Se habilitaron ofertas que no cumplían requisitos técnicos y documentales, incluso tras agotar la etapa de subsanación.
– Evaluaciones técnicas realizadas por funcionarios del INABIE que no fueron designados como peritos.
– Visitas técnicas incompletas: Falta de videos y evidencias completas, discrepancias entre lo declarado por oferentes y lo verificado por peritos, e inspecciones realizadas por personas no designadas formalmente.
– Garantías de seriedad no conformes: Adjudicatarios presentaron pólizas que no cumplían las condiciones legales de ser irrevocables, incondicionales y renovables.
– Criterios de adjudicación no documentados: No se publicó ni sustentó la metodología de asignación de puntajes.
– Indicios de falsedad documental y prácticas anticompetitivas: Certificados y documentos crediticios con apariencia de falsificación, así como vínculos societarios entre oferentes.
A raíz de estas irregularidades, de los 31 contratos afectados, la DGCP ordenó la reevaluación de once (11) ofertas y la emisión de los actos administrativos correspondientes para la readjudicación de los referidos bienes. Asimismo, ordenó al INABIE identificar y sancionar a los funcionarios y servidores responsables de violar el debido proceso.
Por su parte y en el marco de sus competencias, la DGCP indicó que inició el proceso para la inhabilitación permanente de los proveedores vinculados a falsificación documental, en cumplimiento de los procedimientos administrativos sancionadores establecidos en la normativa vigente.
Informaron que el expediente fue remitido a las siguientes instituciones:
- Ministerio de Educación
- Contraloría General de la República Cámara de Cuentas
- Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA)Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Procompetencia) Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG)
La institución anunció que próximamente emitirá otras dos resoluciones con relación a los procesos de adquisición de mochilas y uniformes, respectivamente.
Nuestro mandato legal y el compromiso con la ciudadanía nos obligan a actuar cada vez que un proceso de contratación pública presenta riesgos para la integridad y la confianza del sistema. La transparencia, la igualdad y la competencia leal son principios innegociables. Defenderlos no es una opción; es una responsabilidad que asumimos con firmeza
Carlos Pimentel