Santo Domingo.– El proyecto de Ley Orgánica sobre Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales, concebido para sustituir la vigente Ley 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento, quedó prácticamente fuera de la agenda legislativa luego de perimir en el Senado sin ser conocido ni aprobado durante la pasada legislatura, pese a haber sido el resultado de más de tres años de trabajo de una comisión consultiva creada por el Poder Ejecutivo.
La iniciativa fue remitida al Congreso Nacional en abril de 2025 con el objetivo de actualizar el marco legal que regula la libertad de expresión, la prensa y los medios audiovisuales en la República Dominicana. Sin embargo, el proyecto no avanzó en su trámite legislativo y terminó archivado en comisión al concluir el período constitucional, obligando a reiniciar todo el proceso en caso de que el Poder Ejecutivo decida reintroducirlo.
La propuesta comenzó a elaborarse en junio de 2022 por disposición del presidente Luis Abinader, en un contexto marcado por fuertes críticas de periodistas, organizaciones de la sociedad civil y organismos defensores de los derechos humanos frente a iniciativas gubernamentales relacionadas con la reforma de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), proyectos de ciberseguridad y otras propuestas que diversos sectores calificaron como posibles "leyes mordaza".
Con la creación de una comisión consultiva integrada por juristas, periodistas, académicos y representantes de distintos sectores, el Gobierno buscaba construir un consenso que garantizara la protección de la libertad de expresión, el acceso a la información y la regulación de los medios de comunicación conforme a los estándares constitucionales e internacionales.
No obstante, una vez depositado el proyecto en el Senado, el impulso político disminuyó considerablemente. Durante más de un año la pieza permaneció sin avances significativos hasta perder vigencia al finalizar la legislatura, evidenciando la falta de consenso entre los distintos actores políticos y sociales sobre aspectos sensibles del texto.
El archivo del proyecto mantiene vigente la Ley 6132, promulgada hace más de seis décadas, una normativa que numerosos especialistas consideran insuficiente para responder a los desafíos actuales derivados del desarrollo de las plataformas digitales, las redes sociales, los medios audiovisuales y las nuevas formas de comunicación.
Analistas consultados sobre el proceso consideran que el estancamiento del proyecto deja en suspenso una reforma considerada estratégica para fortalecer la seguridad jurídica del ejercicio periodístico, establecer reglas claras para los medios tradicionales y digitales y armonizar la legislación nacional con los estándares internacionales sobre libertad de expresión.
El caso también pone de relieve las dificultades que enfrentan las reformas institucionales cuando no cuentan con un respaldo político sostenido dentro del Congreso Nacional. Aunque el Gobierno promovió inicialmente la elaboración del proyecto como una respuesta a las preocupaciones de diversos sectores, la falta de seguimiento legislativo impidió que la iniciativa llegara a convertirse en ley.
En la actualidad, cualquier intento de modernizar la legislación sobre libertad de expresión requerirá la presentación de un nuevo proyecto y el reinicio completo del procedimiento legislativo, mientras persiste el debate sobre la necesidad de actualizar el marco jurídico que regula uno de los derechos fundamentales protegidos por la Constitución dominicana.
