La Cámara de Diputados se prepara para conocer este lunes la reforma realizada al Código Procesal Penal de la República, pieza que fue declarada antijurídica por el Tribunal Constitucional (TC) debido a vicios en el proceso de aprobación.
Para subsanar estas deficiencias, la Alta Corte otorgó un plazo de un año al Congreso Nacional, evitando que la Ley 10-15 quede eliminada de forma automática y que el país caiga en un vacío jurídico o retroceso.
El presidente de la Comisión Permanente de Justicia, Wandy Batista, manifestó que, como el proyecto analizado no fue reformulado en su totalidad, su aprobación se facilitará hoy. Asimismo, se mostró optimista de que, una vez el informe de la comisión sea presentado en el pleno, contará con el voto favorable de la Cámara de Diputados.
En las discusiones sobre esta normativa participaron actores del sistema judicial como la Procuraduría General de la República, la Suprema Corte de Justicia, la Defensoría Pública, la Consultoría del Poder Ejecutivo, así como académicos y catedráticos, quienes enviaron sus consideraciones por escrito, ayudando a fortalecer el marco jurídico.
En estas jornadas extensas se lograron realizar las correcciones necesarias para entregar al país un nuevo Código Procesal Penal que garantice los derechos de los involucrados y los debidos procesos.
Sobre los aspectos controversiales de la normativa que generaron preocupación entre distintos sectores, los legisladores y los entes judiciales lograron acordar la mayoría de ellos. Entre estos puntos se encuentran la extensión de la prisión preventiva, el plazo razonable y la declaratoria de rebeldía, que habían sido aumentados en el proyecto aprobado por el Senado. Tras estas reuniones de socialización, se decidió mantener los plazos establecidos en el Código Procesal vigente.
Los plazos razonables de un proceso judicial ordinario volverán a ser de cuatro años y, cuando sea declarado complejo, el tiempo máximo será de seis. Wandy Batista explicó que uno de los puntos debatidos fue la declaratoria de estado de rebeldía, y se acordó que la pena se comenzará a cuantificar a partir de la fecha en que el imputado se presente en los tribunales, y no cuando el juez dicte la sentencia.
Así lo corroboró Mayobanex Martínez, quien agregó que también hicieron un llamado a todo el sistema judicial para que mejore la eficiencia de sus servicios.
El 11 de diciembre es la fecha límite para que los diputados cumplan con el dictamen de la Alta Corte y eviten que el país caiga en un vacío jurídico y retroceso; de no aprobarse dentro de ese plazo, se activará automáticamente el Código Procesal Penal del año 2002.
