La directiva ordena a los fiscales de todo el país:
- Priorizar los casos con indicios o pruebas de participación de funcionarios públicos, militares o policías en redes de tráfico ilícito de migrantes.
- Actuar con urgencia ante situaciones de extorsión, sobornos o cualquier dádiva vinculada a este delito.
- Solicitar la suspensión inmediata de funciones de los presuntos implicados, mediante los órganos competentes.
Además, Reynoso instruyó la inmovilización de bienes —cuentas bancarias, inmuebles, vehículos y otros activos— relacionados con estas actividades, así como el aseguramiento inmediato de automotores usados para el transporte de migrantes, siempre que existan pruebas objetivas.
El Ministerio Público subrayó que el tráfico ilícito de migrantes es una de las modalidades más lucrativas y complejas del crimen organizado transnacional, lo cual demanda una respuesta especializada y coordinada.
La UITIMC funcionará bajo la supervisión de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), dirigida por la procuradora de Corte Yoanna Bejarán.
Estará integrada por miembros de las agencias de inteligencia, seguridad y defensa del Estado, seleccionados según estándares internacionales, y contará con tecnología de punta, un programa intensivo de formación, incentivos especiales y evaluaciones periódicas de desempeño.
Su misión principal es desmantelar las redes criminales dedicadas al tráfico ilícito de migrantes y al lavado de activos en la República Dominicana.
