El Ministerio Público ha emprendido una lucha frontal contra los actos de corrupción así como contra los delitos de agresión sexual y la violencia de género. Una muestra de ello es el reciente apresamiento del director del Instituto Agrario Dominicano (IAD), Leonardo Faña, quien actualmente se encuentra suspendido de sus funciones luego de que una exempleada le interpusiera una querella por agresión sexual.
Aunque la víctima luego se retractó y desistió de la querella, el Ministerio Público en el marco de las atribuciones que le confiere el artículo 30 del Código Procesal Penal decidió continuar de oficio la investigación.
Esto parecería impensable en otros tiempos, donde los funcionarios gubernamentales eran intocables. Razón por las que muchas mujeres que eran víctimas de acoso, agresión e incluso violación sexual preferían quedarse calladas.
El no denunciar perpetuó esta inconducta. Sin embargo, ahora vemos en apuros a funcionarios como Faña y el exdirector regional de Aduanas en Santiago, Antonio Gómez Díaz, quienes han sido señalados por mujeres como agresores sexuales.
Ambos están siendo investigados en el marco de un proceso penal que por lo regular antes quedaba en el olvido, ya sea porque al tratarse de un actor gubernamental no se le daba curso a la querella o por la compra de la voluntad de la denunciante quien terminaba desistiendo.
Es importante resaltar que el Ministerio Público siempre ha poseído la facultad de continuar de oficio los procesos de orden público. No obstante, el respaldo que el Gobierno le ha dado, al otorgarle plena libertad e independencia para que pueda perseguir, investigar, instrumentar y acusar, sin importar rangos, condiciones socio-política o económica o si son de la actual o pasada gestión está mandando al banquillo de los acusados a más de un ex-intocable.
