A pesar de los avances alcanzados bajo el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-Cafta, por sus siglas en inglés), persisten tensiones entre Washington y Santo Domingo en materia de políticas arancelarias, prácticas aduanales, regulaciones técnicas y derechos laborales.
Esta información se desprende del Informe de Barreras Comerciales Extranjeras 2025 de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR), que analiza las medidas que obstaculizan el acceso de bienes y servicios estadounidenses a mercados internacionales.
Firmado en 2004 e implementado progresivamente desde 2006, el DR-Cafta ha sido clave para el comercio dominico-estadounidense. Para la República Dominicana, su entrada en vigor el 1 de marzo de 2007 facilitó el ingreso libre de impuestos de casi todos los productos no agrícolas y agrícolas procedentes de EE. UU.
Sin embargo, la eliminación definitiva de aranceles a productos sensibles como el arroz, las piernas de pollo y ciertos lácteos, programada para el 1 de enero de 2025, ha generado controversia.
El Gobierno dominicano emitió el Decreto 693-24, que congela el cupo libre de aranceles para el arroz estadounidense en 23,300 toneladas métricas anuales, imponiendo un arancel del 99 % sobre el excedente. Washington ha interpretado esta medida como una posible violación de los compromisos adquiridos bajo el tratado.
