El ministro de Vivienda y Edificaciones (MIVED), Carlos Bonilla, depositó este miércoles en manos del presidente del Senado, Ricardo de los Santos, el anteproyecto de que modifica la Ley 160-21 que crea el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones.
Esta propuesta de modificación, a 4 años de su promulgación, busca realizar ajustes y complementar su contenido, con el fin de optimizar su eficacia y mejorar el funcionamiento institucional de dicho Ministerio.
Durante este periodo, se han identificado áreas de oportunidad que requieren atención, tales como la distribución de competencias entre los Viceministerios, el replanteamiento de algunas funciones específicas, la falta de instrumentos habilitantes adecuados para una supervisión y regulación más rigurosa del sector, una potestad sancionadora limitada y una dispersión en la potestad reglamentaria.
El ministro Carlos Bonilla dijo que “este proyecto de ley que modifica la ley que crea el MIVED tiene varios elementos que son pertinentes, muy importantes, que la población sepa. Número uno, es un certificado de habitabilidad, que dependiendo de la cantidad de personas y de la complejidad de la estructura de la edificación que tenga ese certificado, pues se va a tener que renovar cada cierto tiempo. Entonces, eso va a permitir que en ese momento que se renueve ese certificado, que el ministerio, a través de diferentes mecanismos, pueda constatar de una manera segura de que esa edificación no corre peligro”.
Por su lado, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, manifestó que en “el tema de las supervisiones o décadas, había una especie de vacío. Entonces, en la modificación que se está presentando, se procura llenar ese vacío para que definitivamente el MIVED tenga las herramientas necesarias para modificar, para supervisar y tomar los correctivos de lugar en todas aquellas edificaciones, para asegurar la vida”.
Entre los cambios propuestos se incluye la implementación de nuevos títulos habilitantes que fortalezcan el marco regulatorio, así como una ampliación significativa de las facultades de inspección para garantizar el cumplimiento normativo.
Además, se propone fortalecer las capacidades de actuación administrativa no sancionadora, permitiendo medidas de ordenación o de policía más eficaces.
La iniciativa también busca optimizar el procedimiento sancionador mediante la ampliación del catálogo de infracciones y sanciones, al tiempo que reorganiza el ejercicio de la potestad reglamentaria, fomentando una colaboración más efectiva en esta área.
Estas modificaciones permitirán al Ministerio de Vivienda y Edificaciones actuar con mayor eficacia y responder de forma más firme a las necesidades sociales en cuanto a seguridad estructural y protección de la ciudadanía.
