Contrarrestar los delitos de los crímenes organizado y transnacionales, como el narcotráfico, el terrorismo y lavado de activos, así como la corrupción administrativa, los ataques cibernéticos, el tráfico de armas y los flujos migratorios irregulares, serían parte de las atribuciones de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) que se crearía por ley.
Dicha entidad, que tendría el rol de órgano coordinador del Sistema Nacional de Inteligencia, y estará bajo la dependencia del presidente de la República, sustituiría el Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), que está subordinada al Ministerio de Defensa.
Se trata de un proyecto de ley, que en principio fue sometido por el Poder Ejecutivo, fue aprobado en el Senado y perimió; volvió a ser reintroducido y sancionado con el voto favorable en la Cámara Alta y está pendiente de ser conocido en la Cámara de Diputados.
La iniciativa, reintroducida por el senador Milciades Franjul, establece, entre otras cosas, que la nueva DNI coordinaría las actividades de inteligencia y contrainteligencia relacionadas a la seguridad nacional que realicen los organismos militares, policiales y financieros del Estado.
El objetivo de la DNI es proteger la seguridad nacional y regular lo relativo al Sistema Nacional de Inteligencia.
De acuerdo al artículo 4 de la pieza, el Sistema Nacional de Inteligencia estará conformado por todos los organismos y órganos independientes entre sí y funcionalmente coordinados, que dirigen y ejecutan actividades específicas de inteligencia y contrainteligencia para la seguridad nacional.
Integrarán ese sistema la Dirección Nacional de Inteligencia, como su órgano coordinador; las unidades militares J2, M2, G2 y A2, cuando desarrollen actividades de inteligencia para la seguridad nacional y la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional (Dintel).
