Santo Domingo – En medio de crecientes presiones por parte del sector empresarial para establecer un límite al pago de cesantía, el ministro de Trabajo, Eddy Olivares, salió al frente para defender con firmeza ese derecho laboral. “La cesantía no es una carga, es una conquista histórica de la clase trabajadora. No se puede suprimir ni con un decreto ni con reformas unilaterales”, declaró este martes en rueda de prensa.
La cesantía, que consiste en el pago que recibe un trabajador al momento de ser despedido sin causa justificada, ha sido tema de debate en los últimos días, luego de que representantes empresariales plantearan la necesidad de reformar el régimen actual, alegando que representa un obstáculo para el crecimiento económico y la generación de nuevos empleos.
Olivares, sin embargo, descartó cualquier intento de modificar este derecho sin un consenso amplio y participación de los sectores sociales. “La estabilidad laboral es un pilar de la paz social. Cualquier cambio que implique reducir derechos será rechazado por este Ministerio y por la sociedad”, aseguró.
Sindicatos y expertos laborales se alinean con la postura del ministro. La Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD) advirtió que la propuesta empresarial pretende “flexibilizar el despido y debilitar la protección laboral”. Por su parte, juristas laborales señalan que una reforma de este tipo violaría convenios internacionales suscritos por el país, como el Convenio 158 de la OIT sobre la terminación de la relación de trabajo.
Además, organismos como la Fundación Justicia y Transparencia han alertado sobre el riesgo de implementar medidas regresivas en el contexto actual de inflación y desigualdad. “La cesantía no es una dádiva, es una garantía que permite al trabajador una transición digna entre empleos”, expresó el presidente de la entidad, Trajano Potentini.
El Ministerio de Trabajo convocará en los próximos días a un diálogo tripartito con empresarios, trabajadores y el Estado para discutir el tema dentro de un marco institucional. Mientras tanto, la posición del ministro Olivares deja claro que no se permitirá una reforma que sacrifique derechos fundamentales bajo el argumento de eficiencia económica.
