Una disposición oficial emitida este jueves 4 de diciembre por el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps García, reavivó el debate sobre los vacíos normativos y la falta de supervisión en actividades extracurriculares que involucran el traslado de estudiantes. La medida se produjo luego de que la Regional de Educación 08, con sede en Santiago, confirmara que un colegio realizó una actividad educativa sin contar con los permisos correspondientes, encendiendo las alarmas sobre posibles riesgos y responsabilidades institucionales.
De Camps instruyó una revisión exhaustiva de los protocolos vigentes y ordenó acciones inmediatas para determinar cómo la actividad logró organizarse sin el aval del Ministerio. La investigación apunta a inconsistencias en los procesos de autorización, así como a la ausencia de controles efectivos que aseguren que las escuelas—públicas y privadas—cumplan con los lineamientos oficiales.
Fuentes consultadas señalan que en los últimos meses se han incrementado los cuestionamientos sobre la falta de lineamientos claros para salidas escolares, excursiones y actividades académicas fuera del plantel, pese al alto nivel de responsabilidad que implican para directores, docentes y personal acompañante. La situación ha generado preocupación entre padres y tutores, quienes exigen mayor transparencia y un sistema de permisos más riguroso.
El ministro De Camps, quien asumió recientemente la conducción del Minerd con la promesa de fortalecer la institucionalidad, destacó que este caso revela “fallas que no pueden repetirse” y aseguró que su gestión implementará mecanismos de control más estrictos, incluyendo verificaciones previas, sanciones a los centros que incumplan y capacitación a los equipos regionales para prevenir situaciones similares.
Mientras avanza el proceso interno, el Minerd busca determinar responsabilidades y establecer un precedente que refuerce la seguridad de los estudiantes. La medida de De Camps no solo responde al caso puntual en Santiago, sino que abre un debate más amplio sobre la necesidad de modernizar y unificar los protocolos nacionales para toda actividad educativa fuera de los centros.
