El proyecto de Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales, depositado por el Poder Ejecutivo en mayo de este año, se encuentra en un punto crítico: si en los próximos cinco meses no es conocido y aprobado en ambas cámaras legislativas, podría perimir, lo que significaría un nuevo retroceso en la discusión de un marco legal esperado por periodistas, comunicadores, académicos y organizaciones de la sociedad civil.
De acuerdo con lo establecido por la Constitución dominicana, toda iniciativa legislativa debe ser votada en un período no mayor de dos legislaturas consecutivas, de lo contrario pierde validez. Ese reloj ya comenzó a correr en contra de la propuesta que pretende actualizar la normativa vigente desde mediados del siglo pasado, y que ha sido cuestionada por su anacronismo frente a los desafíos de la era digital.
Durante la legislatura comprendida entre enero y julio, el proyecto apenas alcanzó dos reuniones en la comisión especial del Senado encargada de su estudio. Allí, según fuentes consultadas, se leyeron y discutieron artículos clave relacionados con la libertad de prensa, la regulación de contenidos audiovisuales, el rol de los órganos rectores y las sanciones establecidas. Sin embargo, los avances quedaron estancados por diferencias internas entre legisladores y la presión de sectores que temen un posible “retroceso” en materia de derechos fundamentales.
Los gremios periodísticos y asociaciones de medios han advertido que el limbo legislativo debilita aún más la seguridad jurídica de la prensa, ya que la ausencia de una normativa clara abre espacio a interpretaciones arbitrarias y a vacíos legales que afectan tanto a comunicadores como a la ciudadanía.
En paralelo, especialistas en comunicación resaltan que la ley, en su versión actual, contiene elementos que requieren mayor consenso: desde la definición de desinformación y noticias falsas hasta la responsabilidad penal de los comunicadores y la regulación de plataformas digitales. La falta de claridad en estos puntos podría convertirse en un obstáculo para su aprobación definitiva.
El escenario es delicado: el Congreso Nacional tiene hasta el próximo período ordinario, que culmina en febrero, para darle curso al proyecto. Si no se logra, la iniciativa morirá antes de nacer y el país deberá esperar un nuevo sometimiento del Ejecutivo, perdiendo meses de debates ya realizados.
La pregunta es si el Poder Legislativo asumirá el reto de colocar la libertad de expresión y la democratización de los medios en el centro de la agenda nacional, o si volverá a posponer una discusión que, en un contexto de expansión digital y polarización social, resulta cada vez más urgente.
