El Inaipi ha tenido que desvincular personal por violar los protocolos de atención a los infantes pese a su capacidad
“El personal está, aun se rota, todo el tiempo calificado para atender a los niños y a las niñas porque sabemos lo delicado que es y estamos conscientes de la responsabilidad que tenemos en nuestras manos”. Fueron las palabras de Penélope Melo, directora de desarrollo infantil del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi) al hablar de las capacidades del personal a cargo de infantes vulnerables.
La muerte del niño Maikel Esmil Castro Álvarez, en una cubeta de agua en el Centro de Atención Integral de Primera Infancia (Caipi) del municipio cabecera San Francisco de Macorís, provincia Duarte, disparó las alarmas respecto a los niveles de cuidado y protección para los infantes que son asistidos por el Estado como parte de las políticas de protección a esa población.
Los CAIPI son centros especializados que ofrecen servicios integrales de atención a niños y niñas en condiciones de vulnerabilidad en jornada extendida, y propician diversas experiencias que les permiten desarrollarse, mediante una intervención oportuna, intencionada, pertinente y significativa, durante sus primeros años de vida.
A principio de septiembre no solo los padres del infante fallecido, por ahogamiento, cuestionaron a las autoridades por la negligencia en su cuidado. También fueron varias las voces que se escucharon cuestionando la capacidad del personal que labora en esos centros de atención así como a las actuales autoridades gubernamentales, por las desvinculaciones de capital humano para dar entrada a otros con vínculos políticos con el partido en el gobierno.
Melo, así como Johanna Elías, directora de redes de servicio del Inaipi, entidad bajo cuya sombrilla funcionan los Caipi y los Centro de Atención Integral a la Infancia y la Familia (CAFI), fueron enfáticas en explicar los procesos de captación y formación a los que son sometidos los colaboradores que trabajan en cada una de esas dependencias, así como la cero tolerancia que tiene la entidad ante casos de violencia o situaciones que representen riesgo para los infantes bajo su cuidado.
Sin embargo, reconocen que han tenido que desvincular a personal porque han faltado a los códigos de esa institución respecto a la crianza positiva de los niños desde la perspectiva de buena salud emocional, alimentación, protección, que el niño tenga espacios de recreación y juego, que tenga un buen trato.
“Cuando se evidencian ese tipo de situaciones, que un personal pueda manifestar una conducta inadecuada, se hace un reporte inmediatamente, se sube en el sistema como un caso de maltrato y se trata a través de relaciones laborales. Tenemos una política de tolerancia cero a violencia, entonces se toman medidas desde relaciones laborales, con ese colaborador que manifestó la conducta”, puntualizó Elías.
“Estamos siendo bastante coherentes con el discurso, la realidad y el servicio. Esta política nace por una necesidad de atención a una población con indicadores de vulnerabilidad y nosotros no podemos ser promotores. Aquí hay un sistema de protección y una ley bastante clara que define los tipos de abuso y hay uno que es el abuso institucional y nosotros no formamos parte de esas malas prácticas”, destacó Penélope Melo.
Las funcionarias describieron que un eje transversal u obligatorio a todo el personal que vaya a laborar en los centros de atención a la primera infancia es someter se a un proceso de formación inicial de al menos dos semanas, una de las cuales es tutorial, y una vez puestos en servicios entonces se les da capacitación continua. Al día de hoy se han impartido unas 35 mil capacitaciones al personal que labora en la entidad lo cual va desde formaciones básicas hasta diplomadas y maestrías para la atención de los infantes.
