En un momento en que la democracia enfrenta amenazas crecientes, los máximos representantes del poder judicial de 23 países iberoamericanos se reunieron en Santo Domingo para trazar una nueva hoja de ruta: construir una justicia más cercana, inclusiva y centrada en las personas.
La XXII Cumbre Judicial Iberoamericana (CJI), celebrada en la capital dominicana, se convirtió este jueves en un foro de reflexión profunda sobre los grandes retos que enfrenta la justicia en la región. Tecnología, corrupción, crimen organizado y acceso efectivo a la justicia fueron los ejes de una conversación urgente y necesaria.
“Las democracias no se sostienen solo con elecciones, sino con instituciones humanas, eficaces y cercanas”, advirtió Teódulo Cifuentes, presidente de la Corte Suprema de Guatemala. Desde la mesa redonda “El futuro de la justicia y la democracia en Iberoamérica”, Cifuentes defendió la necesidad de que la justicia deje de hablar con tecnicismos y comience a hablarle directamente a las personas: “El expediente no debe ser el centro del sistema, sino la dignidad humana”.
Luis Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia de República Dominicana, llamó a aprovechar esta “oportunidad única” para transformar la justicia iberoamericana a través de cooperación, innovación tecnológica y voluntad política.
“El futuro de nuestras democracias depende de que la justicia sea confiable y accesible para todos”, afirmó.
Michelle Muschett, directora regional del PNUD, hizo un llamado contundente: “En tiempos de corrupción y crimen organizado, poner a las personas en el centro de la justicia es clave para recuperar la confianza ciudadana”. Muschett recordó que la justicia no es un sistema técnico desconectado, sino el corazón mismo del desarrollo democrático e inclusivo.
Durante los días de la cumbre, los líderes judiciales debatirán temas tan diversos como el uso de inteligencia artificial en los sistemas judiciales, la pedagogía judicial, la ética, la transparencia, y cómo enfrentar el grave problema de la mora judicial que afecta a millones en la región.
La CJI agrupa a los poderes judiciales de 23 países, incluyendo España, Brasil, México, Argentina, Colombia y Portugal. Este encuentro podría marcar un antes y un después en la forma en que se concibe y se ejerce la justicia en Iberoamérica.
