El gobierno de Estados Unidos reconoció los esfuerzos del presidente Luis Abinader en la lucha contra la corrupción, al destacar que, a diferencia de gestiones anteriores, su administración ha impulsado arrestos de altos funcionarios tanto oficialistas como opositores.
De acuerdo con el documento “Declaraciones de Clima de Inversión 2025: República Dominicana”, publicado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, el país cuenta con un marco jurídico que incluye leyes y regulaciones para combatir la corrupción y sanciones penales para los funcionarios corruptos.
Cita el caso de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas, la cual prohíbe adjudicar contratos a personas o entidades que se encuentren en situación de conflicto de interés. Indica que, aunque aún no se ha promulgado una nueva legislación en esta materia, en el 2023 se aprobó la Resolución No. 416-23, que constituye un paso interino con efectos positivos en los procesos de contratación.
Precisa que, aunque persisten desafíos, la aplicación de estas leyes ha mejorado gracias al énfasis de la administración de Abinader en la transparencia, que llevó a la República Dominicana a mejora la posición en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional al pasar al puesto 104 en el 2024, desde el 137 que ocupaba en el 2020.
“El presidente Abinader ha cumplido en gran medida su compromiso de hacer de la lucha contra la corrupción una prioridad. Nombró a funcionarios con reputación de profesionalismo e independencia y ha respetado la autonomía de su director general de Contrataciones Públicas y de la Procuradora General”, refiere el informe.
Sostiene que se han fortalecido las funciones de supervisión de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) con la imposición del uso del portal electrónico en las compras, no obstante, observa que la regulación no impone sanciones penales para fraudes y abusos en el sistema de contrataciones, debido a que requiere cambios legales.
Reafirma que la sociedad civil ha sido una voz crítica en las campañas anticorrupción hasta ahora, como es el caso de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Participación Ciudadana y la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO).
Finalmente, valora que la República Dominicana firmó y ratificó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC), pese a resaltar que no es parte de la Convención Antisoborno de la OCDE en Transacciones Comerciales Internacionales.
