Hoy, 9 de diciembre, se conmemora el Día Internacional contra la Corrupción, una fecha establecida por las Naciones Unidas para recordar la importancia de combatir, con decisión y sin ambigüedades, el uso indebido del poder público. Este día llega en un momento especialmente revelador para la República Dominicana, justo cuando el país conoce los detalles de la Operación Cobra, un caso que desnuda la fragilidad de algunos de nuestros controles institucionales y evidencia la urgencia de elevar los estándares del Estado.
La revelación de la Operación Cobra no es un escándalo más en la larga lista de casos de corrupción administrativa del país. Es la confirmación de hasta dónde puede llegar la degradación de un sistema cuando quienes deben proteger los bienes públicos deciden administrarlos como si fueran patrimonio privado. El expediente de la Procuraduría General de la República describe una estructura que no nació por accidente, sino que se cultivó con método, con cálculo y con una frialdad que indigna, sobre todo por tratarse de SeNaSa, una institución llamada a garantizar salud, protección y dignidad a los sectores más vulnerables.
Según la acusación, durante años funcionó un sistema diseñado para desviar miles de millones de pesos mediante la alteración de procesos internos, la falsificación de documentos, el uso de programas especiales sin base legal y la participación de empresas creadas o adaptadas para encubrir operaciones de lavado. No estamos ante un error administrativo ni ante la mala decisión de un funcionario aislado; estamos ante una maquinaria que de acuerdo con el Ministerio Público operó desde posiciones de poder, con manos internas que conocían cada engranaje y con proveedores externos dispuestos a servir como parte del circuito del dinero ilícito.
El país vive, una vez más, la amarga realidad de que fondos dedicados a la salud de los ciudadanos más necesitados fueron tratados como botín. Es especialmente doloroso, en esta fecha de reflexión mundial, constatar que mientras miles de familias dependen de la seguridad social para acceder a un medicamento o a una consulta, otros se valían de su posición para enriquecerse con recursos que pertenecen al bien común.
La conmemoración de este 9 de diciembre obliga a dar una respuesta firme. No solo es indispensable que la justicia actúe con rigor, sino que debe hacerlo con un expediente blindado contra presiones políticas, influencias externas o estrategias dilatorias. El mensaje debe ser inequívoco: quien robe al Estado debe enfrentar consecuencias proporcionales al daño causado. No se trata de venganza; se trata de respeto a la ley y de romper, de una vez por todas, el ciclo de impunidad que ha acompañado muchos de nuestros escándalos.
Pero la responsabilidad trasciende los tribunales. El Día Internacional contra la Corrupción nos recuerda que la prevención es tan importante como la sanción. Las instituciones deben revisar a profundidad sus procedimientos, elevar sus estándares de auditoría, modernizar sus controles, digitalizar sus procesos críticos, blindar las compras y contrataciones, y establecer trazabilidad total del gasto público. La transparencia debe ser la norma y no la excepción, y los cargos públicos deben recuperar su sentido original: ser espacios de servicio al país, no posiciones de privilegio.
La Operación Cobra puede y debe convertirse en un punto de inflexión. Manejado con firmeza y sin concesiones, este caso podría marcar un nuevo estándar en la lucha contra la corrupción, especialmente en sectores tan sensibles como la salud. Si, por el contrario, se diluye en tecnicismos o en maniobras evasivas, será un recordatorio doloroso de lo mucho que aún falta por hacer.
La corrupción no es un acto abstracto; es una agresión directa contra la dignidad humana. Cada peso desviado desde SeNaSa se traduce en una consulta perdida, un tratamiento no realizado, un medicamento que nunca llegó. Hoy, Día Internacional contra la Corrupción, el país merece un mensaje contundente: la justicia tiene la palabra, y la ciudadanía tiene el derecho y el deber de exigir que esta vez la respuesta esté a la altura del daño causado.
Hoy, más que nunca, luchar contra la corrupción no puede ser un eslogan. Debe ser una convicción moral, institucional y patriótica.
