Cuando la ciudadanía confía en que las reglas del juego son claras y que las instituciones actúan con transparencia, cualquier sombra de favoritismo se convierte en un golpe demoledor contra la confianza pública. Hoy, la lupa debe posarse con urgencia sobre la unidad ejecutora Eco5 RD y el polémico proceso de compra de 27 camiones compactadores, un expediente que ya huele a repetidas irregularidades y que ha sido denunciado por concesionarios y dealers nacionales de renombre.
La voz de alerta no es antojadiza. Empresas de trayectoria como Viamar y Espaillat Motors han impugnado la licitación inversa, señalando que la misma parece hecha a la medida de una sola compañía: Meco Roger. El patrón es tan evidente que resulta escandaloso: descalificación sin justificación de competidores, uso de fichas técnicas que coinciden sospechosamente con las del proveedor favorecido y una transparencia que brilla por su ausencia.
Más grave aún: en tres ocasiones, el proceso ha tenido que ser suspendido ante los reclamos. Sin embargo, en la última intentona, el comité de compras fue más lejos y descalificó a todos los concesionarios participantes para abrirle camino únicamente a Meco Roger. El descaro no quedó ahí: informes periciales y pruebas documentadas han demostrado que el proveedor ni siquiera contaba con los vehículos disponibles en sus almacenes, lo que plantea la pregunta inevitable: ¿cómo pretendía cumplir con un contrato millonario si apenas tenía ocho camiones en existencia?
La insistencia en favorecer a un suplidor no es un error técnico, es un mensaje político y ético: alguien entiende que una institución pública puede manejarse como si fuera un feudo privado. Eso es inaceptable. El director de la entidad, Carlos Pellerano , debe actuar , pero sobre todo, corresponde ahora al Director General de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, dar una respuesta firme y ejemplar. La Ley 340 sobre Compras y Contrataciones no puede ser letra muerta ni mucho menos papel decorativo.
Lo que está en juego no son 27 camiones compactadores, sino el principio de la libre competencia, la credibilidad del sistema de compras públicas y, en última instancia, la confianza de la gente en que el Estado no es cómplice de favoritismos descarados. Este caso ya ha llamado la atención de medios de comunicación y opinadores públicos. Ahora le corresponde a Pimentel demostrar que la justicia y la transparencia no son un discurso, sino una práctica que no admite excepciones.
Porque si dejamos pasar este caso como un simple escándalo más, mañana cualquier institución podrá escribir las licitaciones con nombre y apellido, y la ciudadanía terminará pagando la factura de la impunidad. Nuestro Director de Contrataciones Públicas , Carlos Pimentel , que luce muy activo , tiene en este caso un plato fuerte para resolver .
