En un país donde muchos susurran lo que saben, el director de Dida decidió decirlo de frente… y eso también es defender derechos.
Hay verdades que en República Dominicana se comentan como se comenta lo peligroso: bajito, “entre panas”, cuidando el tono, midiendo las consecuencias. Y, sin embargo, esas verdades terminan haciendo daño precisamente porque nadie las enfrenta con nombre y contexto. Por eso las declaraciones de Elías Báez, director de la DIDA, no se pueden despachar como una simple frase “caliente” del día. Cuando Báez advierte que, si la clase política no se defiende del “periodismo chantajista”, “terminarán gobernando los periodistas”, lo que está haciendo es poner sobre la mesa un fenómeno real: el de quienes usan micrófonos, redes y supuesta influencia para presionar, extorsionar o desacreditar sin sustento.
Y aquí hay una precisión obligatoria, por justicia: esto no es un ataque al periodismo serio. No se trata de desacreditar la crítica, ni de pedir silencio, ni de convertir la fiscalización pública en un pecado. Se trata de separar dos cosas que muchos confunden a propósito: la prensa responsable, que investiga, contrasta y cuestiona, y las prácticas de chantaje, que buscan beneficios, miedo o control. Báez habló de lo segundo, no de lo primero.
La valentía de su pronunciamiento no está en el adjetivo, sino en el costo: porque en este país hay sectores que se han acostumbrado a que nadie les ponga límites, a operar con el truco de “o me complaces o te destruyo”, “o pagas o te armo el circo”, “o negocias o te hago tendencia”. Cuando un funcionario se atreve a señalar ese patrón, rompe una comodidad peligrosa: la de gobernar con miedo al paredón mediático, y no con respeto a la institucionalidad.
Báez también tocó otro punto sensible: la facilidad con que, en la era digital, se acusa sin rigor y se condena sin pruebas. Lo dijo con una frase que retrata la locura del debate público: “En la era de las redes sociales todo es verdad y todo es mentira”. Y advirtió sobre la tendencia de exigir explicaciones sobre el patrimonio de los funcionarios sin el debido respeto a los procesos, señalando que “cualquier loco” puede afirmar cualquier cosa sin conocer la realidad.
¿Significa eso que no se debe exigir transparencia? No. Significa algo más serio: que la transparencia no puede convertirse en linchamiento, y que la denuncia no puede ser un negocio. La rendición de cuentas se fortalece con instituciones, evidencias, auditorías y procedimientos; no con “campañas” armadas desde la mala fe o el interés oculto. Báez no está pidiendo impunidad: está pidiendo reglas, ética y derecho a defensa.
Ahora bien: lo verdaderamente relevante de este episodio es quién lo está diciendo. No estamos hablando de un comentarista de esquina ni de un político improvisando en un mitin. Estamos hablando del director de una entidad cuya razón de ser es orientar y defender al ciudadano dentro del laberinto de la Seguridad Social. Y ahí es donde la declaración cobra un peso distinto: porque quien dirige la DIDA sabe, por experiencia institucional, lo que cuesta que un afiliado sea escuchado, que un abuso se documente, que un cobro indebido se detenga, que un caso se acompañe hasta el final.
De hecho, en la comunicación pública de la DIDA se ha insistido en que la institución no es para “trámites burocráticos”, sino para defensa real del ciudadano, y se destaca el programa “Ya no estás solo, DIDA 24 horas contigo”, con reportes de casos atendidos y cobros indebidos evitados. Esa línea de trabajo estar del lado del afiliado, no del papeleo es coherente con el tono de Báez: el de alguien que no se esconde detrás de discursos bonitos, sino que decide intervenir donde hay distorsión, abuso o manipulación.
Y si hablamos de resultados, hay datos que ayudan a entender por qué su voz hoy se escucha con más fuerza. En reportes divulgados sobre su gestión, se menciona que la DIDA identificó más de RD$500 millones en beneficios económicos a favor de afiliados; detectó 1,855 cobros indebidos en servicios de salud (evitando pagos por más de RD$56.7 millones y localizó fondos vinculados a afiliados fallecidos en cuentas de AFP por más de RD$419 millones, asociados a más de 10,000 familias. También se reporta más de 1.2 millones de asistencias en temas de salud, pensiones y riesgos laborales.
A nivel institucional, la propia DIDA ha señalado avances de modernización, digitalización y presencia internacional, incluyendo participación en foros regionales y roles de representación en espacios como CISS/OISS, presentándolo como parte del fortalecimiento del enfoque técnico e institucional.
Entonces, cuando Báez habla de chantaje en la comunicación, no lo hace desde una burbuja. Lo hace desde el conocimiento de cómo se construye o se destruye la confianza pública. Porque el chantaje mediático no solo extorsiona a individuos: intoxica la democracia, le roba tiempo a la gestión, obliga a autoridades a distraerse de lo importante, y crea un país donde la verdad importa menos que el “ruido”.
El portal privado oficial en analizar , informar y reconocer las acciones de las instituciones públicas y de sus funcionarios expresa por este editorial que para nosotros lo que hizo Elías Báez fue decir en voz alta lo que muchos admiten en privado. Y en un país donde el miedo ha sido método de control, eso ya es un acto de servicio público. Porque el Estado no puede ser rehén de nadie: ni del corrupto que compra voluntades, ni del funcionario que se cree intocable, ni del “comunicador” que chantajea. La democracia se defiende con instituciones fuertes, y la dignidad ciudadana se defiende con valentía.
Y si la DIDA, además de orientar afiliados, está dando señales de firmeza frente a prácticas que deforman la vida pública, entonces el mensaje es doble: defender derechos también es defender la verdad. Y la verdad, cuando se dice con responsabilidad, puede incomodar… pero también puede limpiar el camino para que el país respire mejor.
